“Nos adherimos al planteamiento del Relator García-Sayán en su Informe. El consenso, el diálogo, el acuerdo, entre todos los bolivianos son la base estructural para una política pública de largo alcance como es la transformación de la justicia”, escribió en su cuenta de Twitter.
Lima elogió las conclusiones y recomendaciones incluidas en el informe final del Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas (ONU), Diego García Sayán, sobre su visita a Bolivia en febrero pasado, publicadas la víspera.
Consideró que resultará “un aporte fundamental” para continuar con el proceso de transformación judicial en Bolivia.
Al referirse al tema en entrevista concedida al canal RTP, el titular se adhirió al reporte de García-Sayán.
“Es un informe de un tercero imparcial que se presentará ante la ONU (…). Destaca que la reforma judicial debe realizarse con el consenso, diálogo y acuerdo entre todos los bolivianos», subrayó Lima.
Comentó que su presentación en Ginebra ante las Naciones Unidas en junio próximo constituirá un gran aporte porque tendrá los comentarios de expertos del sistema universal de derechos humanos.
En su escrito García-Sayán menciona el “drama de la impunidad” que afecta a las víctimas de las graves vulneraciones de los derechos humanos suscitadas entre 2019 y 2020, tras el golpe de Estado contra el gobierno del presidente Evo Morales.
Según la cartera de Justicia, en las páginas uno, nueve, 15 y 19 se afirma que las víctimas de las “graves violaciones de los derechos humanos producidas en el contexto de la crisis sociopolítica de 2019/2020 siguen esperando justicia”.
“Mucho se ha escrito sobre las violaciones de derechos humanos del último trimestre de 2019, cuando al menos 37 personas fallecieron y centenares fueron heridas”, expresa el documento.
Agrega el informe que “durante su misión, el Relator Especial se reunió con las víctimas de las masacres de Sacaba, Senkata y Zona Sur para escuchar sus testimonios y lamentó profundamente que hayan pasado más de dos años esperando justicia”.
García-Sayán menciona como “aspecto positivo” que la Procuraduría General del Estado “se encuentra promoviendo una legislación que permita al Estado resarcir a las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidas las de Sacaba, Senkata y zona Sur”.
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