Tales causas judiciales que involucran actos de violencia ejercidos en la mayoría de los casos contra mujeres y niñas alcanzaron creciente notoriedad pública en los últimos días y los más significativos ocuparon primeras planas de diarios y portales de noticias.
Entre estos destacó el proceso Operación Océano, la denuncia desde 2019 de la explotación sexual de adolescentes por 32 mayores acomodados, de los cuales 10 recibieron condenas en juicios abreviados, 13 fueron sobreseídos y 20 irán a juicio oral público.
Medios informativos se mantienen además expectante de la denuncia de violación grupal en un barrio capitalino y la de similares características en una fiesta de jóvenes del oficialista Partido Nacional.
El informe fiscal detalla que entre enero y marzo de este año 159 personas fueron imputadas por este tipo de delito, una cifra superior al 102 del período anterior, un 48 por ciento recibió condenas y el resto se encuentra sujeto a investigación o la espera del juicio oral.
Otro de los datos que se desprenden del informe, es la casi total pertenencia al sexo masculino de los victimarios, 156 de los 159 imputados, un 98 por ciento son hombres.
Mientras, la decisión del recién nombrado fiscal de Delitos sexuales, Raúl Iglesias, de archivar en poco más de una semana 300 denuncias acumuladas sin procesar desató polémicas y una especie de tormenta en la Fiscalía de la Nación.
La Intersocial Feminista se pronunció con preocupación al respecto y solicitó una audiencia al fiscal de Corte Juan Gómez, quien pidió información al Departamento de Políticas Públicas de Fiscalía acerca del archivo de estas causas.
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