Los cuestionamientos surgieron al día siguiente de informar oficialmente el Ministerio Público que el fiscal de La Nación, Pablo Sánchez, decidió, tras fuertes presiones políticas y mediáticas, incluir en una investigación preliminar a un exministro, seis congresistas y otros involucrados en presuntos actos de corrupción.
Por una parte, los juristas César Azabache, Aníbal Quiroga y Romy Chang coincidieron en que tras abrirse la indagación, el juez a cargo puede atender un pedido de medidas preventivas, incluyendo la prohibición de salir del país.
Quiroga anotó que la semana pasada la Fiscalía pidió que se impida viajar al exterior al exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y puede hacer la misma petición para Castillo.
Azabache señaló que esas disposiciones pueden adoptarse en la medida que se acumulen evidencias contra el mandatario, y Chango precisó que, como que se trata de una indagación preliminar, el jefe de Estado puede seguir ejerciendo sus funciones, incluyendo viajes al exterior.
Preguntado sobre el tema, el congresista Wilmar Elera dijo que el permiso de viaje a la Cumbre de las Américas solicitado por Castillo está pendiente de la aprobación del Congreso y opinó que, tratándose de representar al país, el mandatario debería viajar.
El presidente solicitó la semana pasada la autorización que constitucionalmente necesita para ausentarse del 7 al 12 de junio a Estados Unidos a participar en la cumbre y en otras reuniones conexas.
En un comunicado anterior, la Cancillería confirmó que Perú estará representado en la cita cuestionada por la exclusión por el gobierno anfitrión, de países con los que Washington mantiene diferencias políticas, marginación con la que el Gobierno peruano discrepa.
El informe consignó que Perú “ha hecho saber oportunamente su aspiración de que en la Cumbre participen todos los países de la región, a fin de permitir un diálogo abierto e inclusivo y la superación de diferencias”.
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