De acuerdo con ese estudio, de 317 infracciones cometidas en 2017 la cifra se elevó a 471 el año pasado.
Las provincias con mayor auge en este tipo de violaciones fueron Coclé, Colón, Darién, Chiriquí y Panamá, apuntó la Contraloría.
También consideró que se registró una menor cantidad de transgresiones en Bocas del Toro, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas, y casi ninguna en los territorios de las comarcas originarias de Guna Yala, Embera Wounaan y Ngabe Bugle.
En declaraciones al canal de noticias TVN, la ambientalista Raisa Banfield denunció la migración de productores desde la península de Azuero(abarca a Veraguas, Los Santos y Herrera) hacia la zona del Darién como una de las causas de la deforestación desmedida.
A juicio del presidente de la Asociación de Derecho Ambiental, Donaldo Sousa, las cifras de estas violaciones contra la naturaleza no reflejan todo el panorama, pues solo registran a personas que talan árboles o que capturan ilegalmente animales en peligro de extinción.
Al respecto alertó que esas estadísticas no contemplan los llamados “delitos de cuello blanco”, es decir empresas que inician obras de todo tipo sin contar con licencias o estudios de impacto, y precisó que hay más de 70 denuncias al respecto.
Sosa recordó que su organización demandó a una veintena de proyectos en el área del canal de Panamá que afectan a la flora y la fauna directamente.
Por su parte, Banfiel alertó sobre el deterioro de humedales y manglares en Panamá tras la legalización de rellenos de áreas costeras, las cuales por la Constitución son inajenables, en particular en la cuenca de la vía interoceánica y en Panamá Norte.
Se trata de emprendimientos que se venden con «títulos verdes como la puerta del paraíso”, pero alteran los ecosistemas, mientras son legitimados por procesos sin fiscalización, remarcó.
Una propuesta en la Asamblea Nacional cifra en 352 mil hectáreas el área de bosques perdidos en los últimos 18 años, al tiempo que admite la carencia de herramientas jurídicas para sancionar estos delitos.
La iniciativa, aprobada por los diputados en primer debate en marzo de 2021, volvió a esa instancia, luego que el ejecutivo suscribiera un contrato con la empresa Minera Panamá, filial de la trasnacional canadiense First Quantum Mineral (FQM) que explota una gran mina de cobre en el país centroamericano.
Ubicada en el distrito de Donoso, provincia caribeña de Colón, la compañía es la inversión privada más grande del istmo, con unos seis mil 700 millones de dólares.
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