Al mismo tiempo, el abogado de Castillo, Benji Espinoza, afirmó que es anticonstitucional la medida tomada por el fiscal de la Nación, de incluir al gobernante en un caso de presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.
En una sesión descentralizada del Consejo de Ministros, en la ciudad nor-selvática de Iquitos, Torres señaló que con el anuncio de las pesquisas al mandatario, “el escándalo político se ha judicializado”.
Afirmó que la investigación se basa solo en acusaciones, sin pruebas, lanzadas por los empresarios Karelim López y Zamir Villaverde, indagados por corrupción.
También demandó respeto al derecho de las personas a la presunción de inocencia, como manda la ley, “se presenta la denuncia y luego se hace prácticamente una conferencia pública para decir que se ha formulado tal o cual denuncia”.
“Eso es un tráfico de la justicia. Están negociando con la justicia y eso no es justo, es condenable. Eso está sancionado por la ley”, sentenció Torres.
Añadió que “espero que esos fiscales que han hecho esas declaraciones públicas, aceleren esos procesos judiciales por corrupción donde realmente hay pruebas y se ha estafado a todos los peruanos por miles de millones de soles” y demandó celeridad en las pesquisas anunciadas.
De otro lado, el abogado Benji Espinoza alertó que la acción iniciada por la Fiscalía de la Nación constituye una violación a la Constitución.
“Mi cliente se declara completamente inocente. Esta apertura de la investigación, que no tiene precedente en la historia del derecho peruano, es una clara y abierta violación al artículo 117 de la Constitución”, sostuvo.
Espinoza precisó que el citado artículo prohibe acusar al presidente de la República, lo cual, afirmó, “quiere decir que no se puede perseguir a un presidente” y que debe preservarse la inmunidad del mandatario, la cual se está erosionando.
Según Espinoza, la Fiscalía no ha presentado pruebas de la existencia de una organización criminal supuestamente integrada por el presidente, uno de sus exministros, seis parlamentarios y tres de los sobrinos de Castillo, según se alega.
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