“A efectos de proseguir con el juicio oral se señala audiencia de prosecución de juicio para el 6 junio de 2022 a horas 14.00, el cual se desarrollará bajo la modalidad semipresencial en el Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia”, afirma la resolución asumida, a la que tuvo acceso la prensa.
Asimismo, con el objetivo de garantizar la presencia de los imputados detenidos preventivamente, el laudo ordenó a la Gobernación del Centro Penitenciario Femenino de Miraflores que habilite y ponga en plataforma virtual a la exgobernante de facto en la hora y fecha fijada.
“Debiendo a su vez tomarse los recaudos para que la misma se encuentre bajo supervisión del personal médico del dicho centro penitenciario”, precisa otra indicación del escrito.
Una acción de inconstitucionalidad presentada por la defensa de Áñez interrumpió la audiencia de alegatos finales y la lectura de sentencia contra la acusada de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes en su proclamación el 12 de noviembre de 2019.
Sin embargo, el jueves último el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechazó esa maniobra.
Tras esa determinación, la defensa presentó el 30 de mayo un nuevo recurso con una solicitud de enmienda ante el TCP, y el abogado Luis Guillén expresó que el Tribunal Anticorrupción “no debería reanudar el juicio porque existen recursos pendientes”.
Entrevistado por La Razón Radio, el diputado Héctor Arce consideró que la defensa de Áñez asumió una estrategia dilatoria para lo cual recurre a trampas.
César Siles, viceministro de Justicia, se pronunció en igual sentido, mientras que el titular de esa cartera, Iván Lima, subrayó que los defensores de la exsenadora tratan de evitar una sentencia de entre cuatro y 15 años, según la decisión del jurado.
El 10 de noviembre de 2019, el entonces presidente Evo Morales fue obligado a renunciar en medio de un golpe de Estado de cuarta generación ejecutado por operadores políticos bajo la denominación de cívicos, quienes secuestraron y amenazaron a ministros, legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS) y a sus familiares.
Adicionalmente, a esas fuerzas se unió un motín policial mientras la jefatura de las Fuerzas Armadas “sugirió” al mandatario que dimitiera.
A las 48 horas de esos sucesos, la entonces segunda vicepresidenta del Senado se colocó a la cabeza de ese órgano cameral sin tener en cuenta su Reglamento, y desde esa posición usurpó la jefatura del Estado, sin el quórum establecido por la Constitución ni la asistencia de la bancada mayoritaria del MAS.
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