Cuando el mandatario vive el peor momento de su gestión, a solo 10 meses de iniciada, asoma una sorda pugna por la designación del relevo de Castillo y el escenario posterior a su vacancia, suspensión, destitución o renuncia forzada.
El triunfalismo opositor, político y mediático llegó a su clímax esta semana con la decisión del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, de incluir a Castillo en la investigación a una presunta red corrupta.
Entre las vías para sacar del gobierno a Castillo, hay quienes plantean la inmediata la vacancia (destitución) por “incapacidad moral”, causa constitucional que requiere, más que razones, el apoyo de dos tercios de los 130 congresistas.
Hay quienes insisten en deshacerse cuanto antes de Castillo con un tercer intento de vacancia tras dos fracasos, con lo que arroje la investigación abierta, pero la fragmentación del Legislativo no garantiza evitar un tercer fracaso.
Ante tal situación, el legislador Diego Bazán, del grupo de derecha extrema Avanza País, alista un proyecto para reducir el número requerido para vacar a Castillo, lo que cuestionan legisladores de que consideran que sería una ley con nombre propio, lo que es ilegal.
Otra vía sería que la Comisión de Fiscalización que investiga reuniones con empresarios y otros interlocutores en un lugar distinto al palacio de gobierno.
Según la exfiscal Gladys Echaíz, parlamentaria conservadora, ese grupo congresal, que encabeza el derechista Héctor Ventura, podría recomendar una acusación de infracción constitucional, que da pie a un proceso político parlamentario para cesar al mandatario.
También hay ocho acusaciones constitucionales por diversos motivos en manos de la subcomisión dedicada al tema, grupo que puede también defenestrar a Castillo mediante un juicio político, lo que toma un estimado de tres meses.
El Congreso se apresta a aplicar ese procedimiento a la vicepresidenta, Dina Boluarte, por un motivo menor, el de firmar documentos como presidenta de un club de provincia, violando la norma constitucional que le prohíbe cualquier actividad ajena a su labor de ministra de Desarrollo o Inclusión Social.
Ese es el paso inmediato de lo que el líder del cogobernante Partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, llama “golpe blando”, pues sin Boluarte la sucesión presidencial recaería en manos del titular del Congreso.
Y en ese punto comienzan las diferencias, pues trascendidos parlamentarios señalan que la actual presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, que ha expresado disposición a ocupar la jefatura del Estado, buscaría con tal fin su reelección como titular del Legislativo, pues su gestión terminará el próximo mes.
Sin embargo, el legislador Jorge Montoya, de la bancada de Renovación Popular, de extrema derecha, descartó rotundamente la reelección de la titular del Congreso y dijo que su sucesor debe ser una persona con condiciones para asumir la presidencia.
En una encuesta reciente del no gubernamental Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el desempeño de Alva fue desaprobado por 77 por ciento de los consultados, lo que abona a su descarte.
Montoya plantea que el sucesor de Castillo debe llamar a nuevos y prontos comicios generales, presidencial y legislativos.
Otros legisladores, como el almirante jubilado José Cueto, también de Renovación Popular, alienta la idea de solo se elija nuevo presidente para que complete el mandato quinquenal de Castillo, hasta 2016, y que el Parlamento siga en funciones hasta ese año.
El sondeo del IEP citado indicó que 67 por ciento prefieren elecciones generales y solo tres por ciento opina que Castillo cese y cese el actual Legislativo, mientras 24 por ciento desea que el presidente siga en funciones y se cierre el Parlamento.
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