No es posible aceptar como norma legal lo que es, además, contrario a lo que establece la Constitución Política, apunta un editorial del periódico Libertad, órgano oficial del Comité Central del PVP, firmado por Humberto Vargas, secretario general de esa fuerza política.
La pretensión de posibilitar que los patronos modifiquen la jornada laboral con el propósito de escamotear el pago de las llamadas horas extras es, en esencia, un intento de robarle al trabajador parte de su salario, sostiene Vargas.
Esto -reitera- es lo principal, eliminar el salario extraordinario que debe pagarse al trabajador cuando entrega a la empresa un esfuerzo que sobrepase la jornada de ocho horas, la cual se estableció gracias a la lucha obrera y como una conclusión científica médica.
Una comisión parlamentaria aprobó una modificación legal que busca establecer la jornada laboral 4×3 (trabajar 12 horas diarias por cuatro días consecutivos y tomar tres de descanso) y este martes el Poder Ejecutivo convocó a representantes de partidos políticos y agrupaciones sindicales, sociales y empresariales para conocer su postura.
Ya varios sindicatos y partidos políticos expresaron su rechazo a esa iniciativa legal y ahora se suma el PVP, al considerar también que las jornadas extenuantes conspiran no solamente contra la vida y el bienestar de los trabajadores, conspira también contra la vida normal de las familias.
Asimismo, prosigue, va contra el desarrollo profesional de los trabajadores y la recreación imprescindible para su estabilidad psíquica. «Las reglas impuestas por el modelo neoliberal a los asalariados son realmente avasallantes y destructivas. Así es en la “empresa” y en las supuestas horas de descanso», denuncia.
Asegura que el aumento del tiempo en el trabajo que se resta al descanso terminará siendo un tiempo robado a los productores directos para engrosar la riqueza de los explotadores.
Vargas recuerda que el artículo 58 de la Constitución establece que La jornada diaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho a la semana, mientras la jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana.
Por tanto, exalta que modificar lo que manda ese artículo constitucional constituye una tozudez de los capitalistas cuando se trata de defender sus intereses.
Eso debe aprender el pueblo pobre cuando se trata de defender sus propios intereses, concluye el editorial de Libertad.
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