«Nuestra intención es escuchar argumentos, presentar nuestros argumentos, no renunciar nunca a que a través del diálogo podamos razonar sobre este tema», señaló la subjefa de la bancada del FA en la Asamblea Legislativa, Sofía Guillén, consultada sobre las mesas de diálogo organizadas por el Ejecutivo sobre ese proyecto legal.
La iniciativa busca legalizar en Costa Rica las jornadas de trabajo 4×3 (12 horas de labor durante cuatro días consecutivos y tres de descanso), sobre la que el Poder Ejecutivo convocó este martes a diferentes actores políticos, sindicales y sociales para conocer sus posturas.
En esa cita, la bancada frenteamplista -además de Guillén también participó el jefe del grupo legislativo del FA, Jonathan Acuña- hizo la solicitud expresa de incluir en la discusión a colectivos de mujeres, porque son ellas las más afectadas por las largas jornadas laborales.
El Frente recordó que aún no hay acuerdos luego de la primera cita y pidió un debate de altura, con argumentos y estudios que respalden cada posición, mientras adelantó que presentará datos y estudios sobre los efectos de jornadas extendidas de 12 horas en la salud física y mental y en la dinámica familiar.
Acuña resaltó que toda esta discusión tiene que darse con un claro enfoque de respeto a los trabajadores y considerar las tendencias mundiales, pues otros países lo que discuten es reducir las jornadas laborales.
Al respecto, el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco) afirmó este miércoles que la pretensión de eliminar la jornada laboral de ocho horas en Costa rica constituye un retroceso de 100 años y una forma de esclavitud.
«La jornada laboral de ocho horas y su consigna: ocho horas para trabajar, ocho horas de recreo y ocho horas para dormir costó cárcel, sangre y hasta la vida de obreros y eliminarla es una afrenta política para la clase trabajadora», aseguró el Bussco.
Estimó que ese proyecto resulta una política criminal y depredadora de los derechos laborales, el uso intensivo de la fuerza de trabajo y una lógica que busca abaratar costos de producción sacrificando los ingresos, la salud ocupacional y el bienestar de los trabajadores y sus familias.
Asimismo, prosiguió, frustra oportunidades de superación y movilidad social de quienes trabajan para poder estudiar, condenando a las personas a estancarse y no mejorar sus condiciones económico-sociales.
También, añadió, provoca mayor desempleo, pues en lugar de contratar tres trabajadores utilizarían dos para cubrir las 24 horas, y aseveró que la iniciativa legal resulta inconstitucional porque desmantela el Estado de Derecho.
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