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Gobierno y campesinos dispuestos a nuevo diálogo en Perú

Lima, 2 jun (Prensa Latina) El Gobierno de Perú y seis comunidades que mantienen bloqueada una importante mina de cobre para exigir a una empresa que cumpla sus compromisos contraídos, manifestaron hoy disposición a dialogar para superar el conflicto.
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El ministro del Interior, Dimitri Senmache, declaró hoy que el Gobierno prioriza el diálogo, por lo que el Consejo de Ministros lo tratará mañana y opinó que en la cita se debe tomar una decisión para terminar el conflicto. Por su parte, dirigentes de las comunidades de Choaquire, Chilla, Fuerabamba, Huancuire y Pumamarca, en conflicto con la empresa MMG Las Bambas, dijeron en una conferencia de prensa que quieren dialogar con el Gobierno y con la empresa.

Ratificaron que condicionan las conversaciones a que el Ejecutivo levante el estado de emergencia decretado en la zona, que incluye medidas especiales de orden público.

“Con todo gusto, pero que ellos también depongan cualquier actividad de violencia que pueda haber en la zona”, dijo Senmache sobre la ocupación de tierras, materia de un diferendo entre la empresa y los comuneros, porque estos señalan que MMG Las Bambas no ha cumplido los compromisos por los que las entregaron.

“Deberían levantar el estado de emergencia, pero estamos dispuestos a buscar la manera de encontrar una solución, nosotros hemos dado de alguna manera flexibilidades”, aseveró Walter Melón, dirigente de la comunidad de Choaquire.

Entretanto, trabajadores de la mina marcharon por las calles de Lima y la ciudad surandina de Cusco, reclamando al Gobierno que logre una solución que permita la reanudación de las operaciones mineras, que hoy cumplieron 50 días de paralización.

El primer ministro, Aníbal Torres, se reunió en su despacho con el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Las Bambas, Erick Ramos, quien pidió que el Gobierno “restablezca el orden”.

El Ejecutivo se resiste a apelar a la represión para solucionar el conflicto, pese a presiones políticas conservadoras y empresariales que le exigen actuar contra los comuneros.

jha/mrs

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