El cese de las hostilidades se prorroga en los mismos términos que el acuerdo original, que entró en vigor por primera vez el 2 de abril último, precisó en un comunicado el enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg.
Durante los últimos dos meses la población experimentó los beneficios tangibles de la tregua, las bajas civiles se redujeron significativamente, el ingreso de combustible al país aumentó de manera considerable y los vuelos comerciales se reanudaron hacia y desde Saná, resaltó.
Grundberg destacó que esos acuerdos “representan un cambio significativo en la trayectoria de la guerra”. No obstante, aclaró que será necesario tomar medidas adicionales, en particular en materia de apertura de carreteras y operaciones de vuelos comerciales.
Precisamente ese fue uno de los escollos principales para la prórroga de la tregua, pues el Gobierno reclamó la apertura de las vías de comunicación desde y hacia la suroccidental ciudad de Taiz, la tercera urbe más grande del país.
Días atrás el canciller Ahmed Awadh bin Mubarak consideró que el Ejecutivo realizó muchas concesiones entre las que citó permitir vuelos desde la capital y de barcos cargados con combustible al puerto de Hudydah, ocupadas ambas por los rebeldes.
A cambio exigió el fin del bloqueo mientras dure la tregua de las carreteras que conectan a Taiz con el resto del territorio nacional.
En los últimos dos meses ambas partes se acusaron mutuamente de violar el cese de los combates a lo largo de la línea de contacto, aunque los reportes de enfrentamientos se redujeron de forma considerable.
La guerra comenzó en 2014, cuando los hutíes se levantaron en armas y ocuparon grandes extensiones del país, incluida Saná, la capital.
Al año siguiente una coalición árabe, encabezada por Arabia Saudita, intervino en el conflicto en respaldo del entonces mandatario Abd Rabbu Mansour Hadi, quien recientemente entregó el poder al nuevo Consejo Presidencial de Liderazgo.
Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, más de 23,4 millones de yemenitas, de una población total de 31 millones, necesitan asistencia.
El organismo reveló que al menos 377 mil personas murieron como consecuencia directa o indirecta de ese conflicto.
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