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Trabajadores repudian al Parlamento por anulación de decreto en Perú

Lima, 2 jun (Prensa Latina) Miles de trabajadores peruanos condenaron hoy ante el Parlamento la proyectada anulación de un decreto que limita los alcances de la llamada tercerización laboral o intermediación en la contratación de personal.
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Los trabajadores de las diversas federaciones y sindicatos agrupados en la Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP) recorrieron en una marcha pacífica el centro de la ciudad y llegaron al palacio legislativo, donde rechazaron la anulación del citado decreto por la Comisión de Economía, bajo control de legisladores neoliberales.

Los manifestantes demandaron respeto a los derechos de los trabajadores, disminuidos durante casi tres décadas de aplicación de la política económica y consagrada por la constitución neoliberal de 1993.

“¡Cierren el Congreso!”, reclamaban los trabajadores frente al local del Poder Legislativo, a donde salieron a reafirmarles su apoyo las legisladoras progresistas Isabel Cortez, Sigrid Bazán y Ruth Luque, que defendieron el decreto durante el debate del tema.

La norma fue dictada por el Ministerio de Trabajo bajo la gestión de Betssy Chávez, censurada la semana pasada por no actuar contra una huelga de controladores aéreos por ser un derecho de estos y pese a que declaró ilegal la huelga cuando ese sindicato no cumplió con garantizar un equipo de emergencia para mantener el esencial servicio.

Antes de verse obligada a renunciar por la censura, Betssy dijo que esa y otras razones escondían el verdadero motivo de la acción en su contra, es decir su decisión de restaurar y defender los derechos laborales.

La tercerización consiste en la contratación de personal a través de empresas llamadas “service” que “vende” la mano de obra y lucra por la intermediación y se genera por esa modalidad una elusión de derechos, de la que abusan muchos empresarios.

Según la CGTP, casi 80 por ciento de los trabajadores del sector de agua y alcantarillado trabajan bajo esa modalidad y el decreto anulado estableció que las empresas no pueden tercerizar la contratación de personal para sus actividades esenciales o nucleares.

También la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) acusó al parlamento de estar al servicio de fuerza corruptas y el gran capital, por atentar contra los derechos de los trabajadores.

“Con este comportamiento político y empresarial jamás avanzaremos a la prosperidad económica, menos aún al bienestar social y la sostenibilidad ambiental”, advirtió la CUT.

jha/mrs

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