Las modificaciones a la normativa, aprobada por la Asamblea Nacional en marzo último, fueron vetadas por el presidente de la república, Guillermo Lasso, en abril y ratificadas en mayo pasado por la Corte Constitucional, tras 19 días de huelga de hambre protagonizada por profesores afiliados a la Unión Nacional de Educadores (UNE), estudiantes y líderes sociales.
Con el aval de la Corte, la víspera, el legislativo envió el texto al Registro Oficial para su publicación e inmediata entrada en vigor.
De acuerdo con el oficio del Parlamento, «la Asamblea Nacional promulgará y ordenará la publicación» de los textos para ratificar o sustituir disposiciones normativas de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural ordenado por la Corte Constitucional.
La decisión fue considerada como un triunfo de la UNE en lo que numerosos sectores sociales consideran un reclamo justo, teniendo en cuenta la importancia del magisterio para el desarrollo del país.
En sus denuncias, los docentes recalcaron que en los últimos años los funcionarios públicos, excepto los educadores, recibieron alzas salariales, por lo cual demandaron equiparación de sueldos básicos.
El aumento salarial implica un fondo de alrededor de 450 millones de dólares, que según afirman, podrían salir de la recaudación tributaria o de la venta del petróleo, cuyo precio ha subido recientemente.
Ahora, mientras esperan la publicación de la reformada LOEI, la UNE anunció que será parte de la movilización anunciada por el Frente Unitario de Trabajadores para el venidero 22 de junio, contra medidas económicas neoliberales, el recorte presupuestario a la enseñanza y la salud, la intención de privatizar empresas públicas y ante la creciente inseguridad nacional.
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