“Nosotros vamos a sacar solo al presidente. Hay una gran diferencia. El pueblo está con nosotros, no está con Castillo”, dice ella en el audio, aunque recientes encuestas verifican que la desaprobación al parlamento llega hasta 87 por ciento.
El audio registra una conversación sobre una vacancia (cese) presidencial y habla de un plan para asegurar que el Parlamento opositor siga en funciones con Alva como presidenta encargada.
En una conferencia de prensa, Alva afirmó que el audio evidencia que ha sido “chuponeada” (espiada), lo cual es ilegal, y que data de meses atrás, posiblemente de diciembre del año pasado.
Cita al jurista conservador Domingo García Belaúnde y otros de línea similar opinan que el Congreso vigente debe seguir en funciones y pueden dar entrevistas para apuntalar al Legislativo.
Habla también de que la presidenta de la Comisión de Constitución del parlamento, Patricia Juárez, emita un informe en el mismo sentido y que Juárez proyectaba una ley similar.
Refiere que Juárez le informó que si Castillo fuera retirado del cargo y también la vicepresidenta Dina Boluarte -hoy próxima a ser destituida por una infracción constitucional-, Alva asumiría la la jefatura del Estado por ocho meses y, tras asumir el nuevo mandatario elegido, volvería a su escaño parlamentario.
“Nosotros no tenemos que desaparecer (…) Si se da la circunstancia y yo tengo que asumir y convocar a los ochos meses (elecciones) lo hago como presidenta del Congreso, pero regreso a ser congresista ya me lo explicado Juárez”, agrega Alva en el audio.
Negó también veracidad a minuciosas versiones periodísticas sobre una pugna entre bancadas opositoras por suceder a Alva al frente del Congreso, lo cual implicaría reemplazar a Castillo hasta los nuevos comicios, si el mandatario fuera vacado.
Alva sostuvo que no ha anunciado en ningún momento la intención de hacerse reelegir como titular del Congreso, aunque no descartó rotundamente la posibilidad.
Insinuó por otra parte que la difusión del audio sería una maniobra para neutralizar el impacto de la lectura de la transcripción de un presunto audio en el que un empresario preso por corrupción habla con el exministro de Transportes, Juan Silva y le informa que por el contrato de una obra, le entrega “100 grandes” (100 mil dólares).
Entretanto, las diferencias entre las bancadas parlamentarias opositoras afloraron en el rechazo mayoritario del pleno congresal a una moción de interpelación al primer ministro, Aníbal Torres, que, de realizarse, podía derivar en una censura al interpelado.
Según la constitución, si el primer ministro fuera censurado (obligado a renunciar), con él cae todo el equipo de ministros y de repetirse el hecho, el presidente podrá disolver el parlamento.
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