La sesión fue convocada por el recién designado presidente del legislativo, Virgilio Saquicela, para evaluar la propuesta legal, cuyo objetivo es establecer las condiciones en las que pueden usar armas letales los servidores de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria.
El uso de la fuerza estaría marcado por la premisa de proteger los derechos, libertades y garantías constitucionales, así como precautelar el derecho a la seguridad integral de los habitantes de este país andino.
Según aclaró Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral y ponente del informe, el trabajo realizado por la mesa en el análisis del proyecto contó con la activa participación de los diversos sectores involucrados.
El equipo también revisó las observaciones formuladas durante el primer debate en más de 20 encuentros técnicos para acoger las propuestas de la ciudadanía y de las instituciones vinculadas con esa temática.
Durante la sesión intervinieron 12 asambleístas, quienes enfatizaron en la necesidad de aprobar la normativa y esclarecer el carácter de excepcional en cuanto al uso legítimo de la fuerza con respeto absoluto a los derechos humanos y, sobre todo en lo vinculado con la protesta social.
Algunos señalaron también que el problema de la violencia y la inseguridad no se soluciona solo con una ley, sino con políticas de Estado encaminadas a la prevención y a generar condiciones de vida óptimas.
Sobre ese particular, Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores, ha mostrado desacuerdo con la propuesta por considerar que pretendería contrarrestar la protesta social, único mecanismo que tiene el pueblo para hacer escuchar su voz.
Por su parte, el representante de Naciones Unidas, Jan Jarab, señaló que la regulación debe estar enmarcada en estándares internacionales, bajo los principios de respeto, protección y la efectiva defensa de los derechos humanos, sin distinción alguna.
Tras suspender la sesión, Saquicela convocó al pleno a reanudar el debate el venidero martes 7 de junio.
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