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Ministro pide a Fiscalía confirmar veracidad de audios en Perú

Lima, 4 jun (Prensa Latina) El ministro peruano de Justicia, Félix Chero, pidió hoy al Ministerio Público que aclare la veracidad de la transcripción de un audio, según la cual el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva recibió un soborno.
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Chero hizo la declaración en medio de dudas sobre la autenticidad de la grabación, después que Jorge Rodríguez, abogado del interlocutor de Silva en la grabación, Zamir Villaverde, declaró que la transcripción leída por la televisora de extrema derecha Willax, no es la que está en manos de las fiscales del caso.

“Hay muchas especulaciones al respecto, pero quien tiene que salir a aclarar si esta transcripción de este audio es objetiva, real, tiene que ser el Ministerio Público”, dijo el ministro.

Añadió que, si bien la prensa puede publicar documentos reservados como la citada transcripción, el Ministerio Público debe actuar con objetividad y responsabilidad y, como ente autónomo, debe responder por los actos de investigación”, reiteró.

“Quien debe salir a responder porque es su función constitucional hacerlo, es el Fiscal de la Nación (Pablo Sánchez) y hasta ahora no lo hemos visto aclarando” la situación, puntualizó.

De otro lado, la periodista opositora Graciela Villasís, del diario El Comercio obtuvo una transcripción cuya veracidad confirmó el Ministerio y publicó nueve páginas de la misma, sin precisar que sea la misma difundida por Willax.

En las páginas publicadas por la periodista en Twitter no figura la parte en que Villaverde le dice a Silva que le entrega “cien grandes (dólares)” de la empresa contratista de la construcción de un puente y le anuncia aparentemente nuevos sobornos. El ministro Chero sostuvo de otro lado que una decisión de la Corte Suprema de 2001 estableció que un presidente de la República no puede ser investigado salvo por determinados delitos graves, por lo que sería improcedente la inclusión, decidido por el fiscal Sánchez, de Castillo en una investigación a Silva por posible corrupción.

La decisión de Sánchez se basa en que la Constitución solo prohíbe denunciar al presidente, mas no investigarlo y, según Chero, además la jurisprudencia internacional considera cualquier investigación como parte de una denuncia o acusación .

oda/mrs

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