La medida, que se prolongará por tres años para Silva, será de nueve meses para Doroteo y Espinoza y fue dictada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.
La medida tiene como objetivo garantizar el desarrollo de las diligencias y la presencia de los tres en la indagación abierta por los presuntos delitos de colusión y pertenencia a una organización criminal.
La Fiscalía había pedido la misma prisión preventiva para los legisladores Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Flores e Ilich López, pero el juzgado la denegó en estos casos.
En la audiencia en la cual la Fiscalía fundamentó su pedido, el exministro Silva se allanó al pedido, es decir que no alegó en contra ni puso objeciones contra la medida.
En el caso están comprendidos además el exsecretario del presidente Pedro Castillo, Bruno Pacheco, quien se encuentra prófugo y alega que la prisión preventiva dictada en su contra es injusta y abusiva, por lo que se niega a entregarse.
Igualmente Fry Vàsquez y Gian Marco Castillo, sobrinos del jefe de Estado, así como los empresarios Zamir Villaverde, preso, y Karelim López, en libertad.
Villaverde y López han incriminado al presidente Pedro Castillo, quien rechaza la acusación, pese a lo cual el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, incluyó el domingo último al mandatario en la investigación.
La medida intensificó los reclamos opositores de renuncia o destitución del mandatario y dio pie a una marcha de miles de manifestantes contra Castillo que recorrió el centro de la ciudad.
Los marchistas intentaron llegar a la céntrica plaza San Martín, pese a que no tenían autorización para llegar a ese punto, donde se concentraron fuerzas políticas progresistas para rechazar un espacio tradicionalmente escenario de manifestaciones de izquierda.
En el intento de los opositores de llegar a la plaza, fueron contenidos con gases lacrimógenos por una barrera policial que les cerró el paso.
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