El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama llamó a declarar como testigo al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, el 5 de julio. Fue quien dio a conocer los teléfonos pinchados con el programa Pegasus del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros integrantes del Ejecutivo.
Al mismo tiempo, en su resolución, el magistrado levantó el secreto sobre el expediente y amplió la comisión rogatoria cursada a Israel para que una delegación judicial se desplace a Tel Aviv para interrogar como testigo al director general de la empresa que comercializa el programa Pegasus.
Hoy se conoció, luego de levantarse el recurso de secreto, que el pasado viernes la anterior directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, y un funcionario de este organismo fueron interrogados.
Los datos revelados hasta ahora por dos informes del Centro Criptológico Nacional, señalaron que en el caso del presidente del Gobierno, la infección del móvil tuvo lugar el 19 y el 31 de mayo de 2021; y en junio del celular de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Hace cerca de un mes se anunció la reforma de la ley orgánica del control judicial del CNI, respuesta que ofreció Sánchez ante el pleno del Congreso respecto al espionaje político mediante el sistema Pegasus.
Justificó las medidas expuestas como impostergables, para dejar atrás una ley sobre información clasificada que databa de 1968.
Indicó que protegerá de esta forma a la ciudadanía, con el reforzamiento de las garantías de control y seguridad con el máximo respeto a los derechos individuales y sociales de las personas.
“Vamos a continuar trabajando para redoblar la seguridad y blindarla lo máximo posible en el futuro”, sentenció.
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