Chirinos, vicepresidenta del Parlamento, hizo la solicitud a la subcomisión de acusaciones constitucionales en la misma jornada en la que Boluarte quedó encargada del despacho presidencial por el viaje del mandatario Pedro Castillo a Estados Unidos, para participar en la Cumbre de las Américas.
Planteó concretamente que el grupo legislativo incluya el tema en su próxima reunión, en fecha por determinar.
La mayoría congresal opositora adelantó la intención de inhabilitar (hasta por 10 años) a Boluarte y, por tanto, destituirla y al mismo tiempo Chirinos dijo que también será vacado Castillo, lo que dejaría la sucesión en manos de quien en ese momento presida el Parlamento.
La drástica medida contra la vicepresidenta coincide con los planes de la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, revelados por la difusión de un audio de los primeros meses del actual gobierno, en el que habla de destituir primero a Boluarte y después a Castillo.
La sanción proyectada se basa en el hecho de que la vicepresidenta y también ministra de Inclusión Social, violó una norma que prohíbe a los ministros ejercer otro cargo o hacer gestiones para instituciones incluso sociales.
Boluarte suscribió documentos como presidenta saliente del club regional Apurímac y alega que se trataron de gestiones relacionadas con la transición a una nueva presidencia de la agrupación social.
Los conocidos juristas Omar Cairo y Eduardo Roy Gates cuestionaron el castigo de inhabilitación y cese en el cargo, porque la infracción constitucional de la que se acusa a Boluarte está referida a su papel de ministra, por lo que solo correspondería su cese como tal.
Roy Gates apuntó, además, que la sanción que corresponde está prevista para un funcionario nombrado, un ministro, mas no para quien es presidenta por el voto popular, como Boluarte.
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