La medida obedece a acciones que afectan el orden público, la gobernabilidad y la seguridad de sus habitantes en ambas localidades, precisa el acuerdo de la Presidencia.
El mismo cita «violencia contra las fuerzas de seguridad y la población que vulneran la vida, la libertad, la justicia, la seguridad y la paz».
El estado de sitio tendrá una vigencia de 30 días y el Congreso tiene tres días para conocer, ratificar o modificar el contenido de la disposición oficial.
Esta busca el restablecimiento de las garantías y derechos de los afectados; sin embargo, restringe derechos constitucionales como libertad de reunión y manifestación, así como de locomoción desde las 18:00, hora local, hasta las 06:00 del siguiente día.
También otorga facultades especiales para detenciones, interrogatorio a detenidos o presos.
La decisión gubernamental responde a la desaparición de dos trabajadores de una empresa de servicios de transporte de mercancías en el área en conflicto por límites territoriales.
En enero último, el presidente Alejandro Giammattei decretó un estado de sitio similar por agresiones contra elementos de las fuerzas de seguridad expulsados de la zona en disputa.
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