Por Luis Beatón
Jefe de la Redacción Norteamérica de Prensa latina
El 6 de junio, fiscales federales añadieron la conspiración sediciosa a la lista de cargos a los que se enfrentan cinco líderes de los Proud Boys por su presunta implicación en el ataque del 6 de enero de 2021 al edificio que alberga las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos.
Esta es una organización ultranacionalista, neofascista, de extrema derecha, solo para hombres, vinculada con el supremacismo blanco, la cual promueve y se involucra en la violencia política, y sigue a Trump y sus presuntas mentiras de que le robaron las elecciones en noviembre de 2020.
Los cinco miembros de los Proud Boys, incluido el líder nacional del grupo, Enrique Tarrio, fueron acusados el año pasado de conspiración para obstruir un procedimiento oficial y de varios otros cargos, recordó el diario digital The Hill.
Ambos tipos de cargos de conspiración son castigados hasta con 20 años de prisión, y aún no se sabe, o no se divulga, cuánto el exmandatario está implicado en los desórdenes históricos del asalto a la sede del Congreso federal.
Otros miembros de la milicia derechista Oath Keepers, también afines al exgobernante, fueron imputados este año de conspiración sediciosa, algo que según entendidos en la materia, de cierta forma puede salpicarlo.
Las nuevas acusaciones llegan cuando el Departamento de Justicia parece ampliar el alcance de su investigación sobre el ataque y ya el exasesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, reveló que fue citado por un gran jurado federal debido a sus comunicaciones con el expresidente.
La conspiración sediciosa implica planear el uso de la violencia para obstruir o derrocar al gobierno, corrió como pólvora en los días posteriores al 6 de enero y las miradas se posaron en el perdedor de los comicios del 3 de noviembre de 2020.
Los fiscales tendrán que demostrar ahora que los acusados de los Proud Boys conspiraron «para oponerse a la transferencia legal del poder presidencial por la fuerza», lo que parecía evidente fue impulsado en esos días desde la Casa Blanca.
Los serios cargos contra el grupo llegan dos meses después de que otro líder de los Proud Boys, Charles Donohoe, se declarara culpable de conspiración para obstruir un procedimiento oficial y aceptara cooperar con la investigación y testificar ante el tribunal si fuera necesario.
En el caso de Tarrio, un fan de Trump, continuó dirigiendo y alentando a la falange antes y durante los eventos del 6 de enero de 2021, y se atribuyó el mérito de lo ocurrido en las redes sociales y en una sala de chat encriptada durante y después del ataque, precisó el Departamento de Justicia en marzo.
¿Y TRUMP, POR DÓNDE ANDA?
Ese frente judicial se suma a una larga lista de desafíos legales que parecen mantener ocupado al presidente número 45 del país en su fortificada propiedad de Mar-a-Lago, en La Florida.
Está bajo el microscopio de la Justicia, como un virus dañino, mientras los fiscales en una serie de investigaciones y demandas relacionadas con sus prácticas empresariales en la Organización Trump y la estancia de cuatro años en la Casa Blanca (2017-2021), buscan pruebas para condenarlo.
Pero este se encuentra plantado en la defensa de varias investigaciones por el atentado del 6 de enero de 2021 al Capitolio hasta acusaciones de su entorno familiar sobre la herencia de los Trump.
Por ejemplo, una pesquisa criminal de la oficina del fiscal del condado de Fulton, en Georgia, otea sobre si los funcionarios de Trump perturbaron las elecciones de 2020 en el condado.
El condado solicitó un gran jurado para la investigación, mientras la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) lo demanda por la supuesta interferencia en las elecciones de 2020, en violación de la Ley de Derecho al Voto y la Ley del Ku Klux Klan.
La NAACP mantiene su pedido, al que se suman además 10 miembros del Congreso. También el congresista Eric Swalwell (demócrata de California) está exigiendo a Trump por el ataque del 6 de enero al Capitolio.
La lista es larga y en ella se incluyen agentes de la Policía del Capitolio de Estados Unidos, que presentaron tres pedidos distintos contra el expresidente por incitar supuestamente a los disturbios del 6 de enero, en los que resultaron heridos más de 100 agentes.
En la misma línea, dos agentes del Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C. buscan llevar al exgobernante a la justicia para lograr una indemnización por daños físicos y emocionales.
Al respecto, el fiscal general del Distrito Federal, Karl Racine (demócrata), dijo que su investigación sobre quienes incitaron el 6 de enero podría dar lugar a cargos contra Trump.
Otros casos no menos importantes están en marcha en Nueva York, donde la fiscal general Letitia James (demócrata), investiga si exocupante de la Casa Blanca infló los valores de las propiedades para los inversores y los desinfló en los formularios de impuestos federales.
Asimismo el fiscal del distrito de Manhattan, el demócrata Alvin Bragg, continúa con una pesquisa similar sobre posibles fraudes fiscales y delitos financieros.
Por otra parte, los Archivos Nacionales quieren que la justicia investigue si el expresidente manipuló indebidamente documentos clasificados y que se llevó a su mansión en La Florida. Es un largo culebrón de probables irregularidades, pero al parecer no lo parará en su nueva apuesta presidencial en 2024.
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