En un comunicado emitido por la Cancillería, el Ejecutivo venezolano precisó que el objetivo de esta objeción preliminar es defender los derechos e intereses de la República, y procurar que esa demanda no sea admitida por carecer de elementos esenciales para conformar un debido proceso.
Venezuela ratificó su apego al Acuerdo de Ginebra de 1966 y su confianza en las negociaciones directas, tal como establece ese instrumento jurídico, “cuyo sentido, propósito y razón, no es otro que alcanzar amistosamente un arreglo práctico y aceptable para las partes”.
Asimismo, el Gobierno venezolano rechazó la instrumentalización de la CIJ para dirimir una controversia territorial que demanda de una solución negociada, sin desmedro del debido respeto a esta instancia como órgano judicial principal de las Naciones Unidas.
“Venezuela espera que el asunto vuelva de inmediato al terreno de la negociación amistosa entre las partes y a la correcta aplicación del Acuerdo de Ginebra para dirimir la controversia territorial que justificó su suscripción”, subrayó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Ambas naciones sudamericanas reclaman los derechos de soberanía sobre la región de la Guayana Esequibo, sobre la cual el Gobierno de Georgetown presentó de manera unilateral una demanda ante la Corte Internacional de Justicia.
En reiteradas ocasiones Venezuela desestimó la decisión de la CIJ de declararse competente para atender el recurso presentado por Guyana en relación con la controversia, y llamó a abordar el diferendo a través de negociaciones bilaterales en el marco del Acuerdo de Ginebra (1966).
Las autoridades venezolanas expresaron su rechazo a las intenciones de otorgar validez al Laudo Arbitral de 1899, mediante el cual se otorgaron 159 mil kilómetros cuadrados de territorios al oeste del río Esequibo al control de Reino Unido, metrópoli de la entonces colonia de la Guayana Británica.
El Estado venezolano protestó el arbitraje por considerar que existieron vicios de nulidad en la decisión; sin embargo, no fue hasta 1962 que se lograron avances tangibles tras el hallazgo de documentos que comprometieron su legalidad.
La admisión de la demanda de Venezuela en la Organización de las Naciones Unidas conllevó a la firma del Acuerdo de Ginebra, el 17 de febrero de 1966, según el cual la región permanecería bajo el control de Guyana, que recibió su independencia ese mismo año.
Sin embargo, el tratado reconoció el reclamo venezolano de soberanía sobre el Esequibo y obligó a los estados firmantes a encontrar una solución concluyente, pacífica y honorable para ambas partes, por la vía de la negociación política.
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