Con estos suman 85 defensores de derechos humanos, del medio ambiente y representantes de comunidades ultimados en lo que va de este año y mil 312 desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 a la fecha.
Según Indepaz el pasado martes Jesusita Moreno, llamada por familiares y conocidos como Doña Tuta, fue asesinada a tiros en el barrio de La Floresta, en la ciudad de Cali, por hombres armados que ingresaron a su vivienda.
Doña Tuta era una reconocida lideresa y defensora de los derechos humanos de comunidades negra e indígenas, en el departamento del Chocó, donde propició distintos acuerdos humanitarios por el respeto de la vida.
De acuerdo con la Comisión lntereclesial de Justicia y Paz, Moreno recibió en múltiples ocasiones amenazas y fue víctima de atentados, así como de montajes judiciales por su rol comunitario.
En tanto Oscar Parada, quien era representante de personas bisexuales dentro del Consejo Consultivo LGBTIQA+ de esta capital, fue asesinado en la localidad de Engativá, sector conocido como Bonanza.
Asimismo, Danilo de Jesús Madrid López, reconocido líder y vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la localidad de Doradas Altas, ubicada en el municipio de Tarazó, departamento de Antioquia, fue encontrado muerto en su finca con disparos de escopeta en distintas partes de su cuerpo.
Por último, Clara Isabel Samudio, de solo 34 años y quien era una reconocida dirigente en el corregimiento de San Joaquín en Mercaderes, departamento de Cauca, fue ultimada mientras se encontraba en su trabajo como guarda de seguridad de un colegio, hasta donde llegó un hombre armado que le disparó.
La mujer participaba en labores sociales en beneficio de los campesinos, y ayudaba a recoger fondos y productos agrícolas de las fincas para las actividades comunitarias.
Esta semana, Indepaz publicó un informe, en el cual señala que, durante el gobierno de Iván Duque, han sido asesinados 930 líderes sociales y defensores de los derechos humanos, de ellos 126 mujeres.
Puntualizó que desde el 7 de agosto de 2018 hasta el 4 de este mes, también perdieron la vida 245 exguerrilleros, firmantes del Acuerdo de Paz en proceso de reincorporación, entre ellos 11 féminas, y fueron perpetradas 261 masacres, con saldo de mil 114 víctimas.
El Gobierno rechazó el informe, pero la ONG en una contrarréplica señaló que sus cifras tienen como base las denuncias y registros de organizaciones sociales, fuentes oficiales y medios de comunicación y todos los registros son previamente confirmados.
Aseguró que «en su autonomía, ha mantenido comunicación con varias entidades del Estado y de gobierno para el intercambio de información e incluso para hacer ajustes en los registros» como la Fiscalía General, la Unidad Especial de Investigaciones y la Defensoría del Pueblo.
Invitó al consejero presidencial para los Derechos Humanos, Jefferson Mena, a conversar sobre varias anotaciones y revisar con Indepaz la totalidad de su base de datos.
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