“Posterior a los alegatos finales y última palabra de los acusados, el tribunal ingresa a deliberar para emitir sentencia en el mismo día”, aseguró el fiscal Omar Mejillones, quien reiteró que las pruebas expuestas evidencian los delitos cometidos en noviembre de 2019 por los procesados.
Según Mejillones, el jurado encabezado por el juez Germán Ramos escuchará hoy en las cárceles las declaraciones finales de los inculpados.
Este proceso fue activado por la forma en que la exlegisladora llegó a la presidencia del Senado, acción que le propició después encumbrarse al frente del Estado, sin quórum en la Cámara de Senadores ni en la Asamblea Legislativa Plurinacional (Parlamento), donde se autoproclamó mandataria.
De acuerdo con el Reglamento de Debates, no podía colocarse a la cabeza del Senado porque ese cargo correspondía a la mayoría parlamentaria, en ese caso el Movimiento al Socialismo, explicó la Fiscalía.
Debido a esas ilícitas el Ministerio Público ratificó que contra Áñez solicitará una sanción de 15 años de encarcelamiento por los cargos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.
El proceso en el cual la exsenadora y seis exjefes militares y policiales son procesados por lo acontecido entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019 se reinstaló el lunes último tras varias postergaciones solicitadas por la defensa.
Sin embargo, la audiencia recesó de nuevo hasta el martes a las 14:00 hora local debido a una supuesta descompensación de Áñez, quien sigue el juicio desde el reclusorio femenino de Miraflores, donde permanece detenida preventivamente desde marzo de 2021.
Nuevamente este jueves ocurrieron dos suspensiones debido a que la exgobernante de facto se declaró afectada por la medicación que recibe.
Con anterioridad, la defensa trató de frenar el juicio con una demanda de inconstitucionalidad contra los delitos de los que se le acusa, una solicitud de “explicación” y un recurso de “queja”, pero el Tribunal Constitucional Plurinacional rechazó esas acciones dilatorias.
A esos recursos para impedir una sentencia se sumó la víspera el líder del partido opositor Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, quien según informó en un tuit pidió a Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) un pronunciamiento sobre la “inexistencia” de un golpe de Estado en Bolivia en 2019.
En su cuenta de Twitter, consideró que la exsenadora protagonizó una “sucesión constitucional” e instó a la ONU y la UE a evitar una violación de los derechos humanos y la democracia en el juicio.
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