Al final de la audiencia celebrada este viernes en el Tribunal Superior de Londres, el juez Jonathan Swift dijo que no hay evidencias de que los refugiados serán maltratados o expulsados del país africano, mientras se procesan sus solicitudes de asilo.
El magistrado dijo que es importante para el interés público que el ministerio del Interior sea capaz de poner en práctica sus decisiones sobre la inmigración, aunque acotó que la parte demandante podrá apelar su sentencia el lunes.
El primer vuelo con una treintena de migrantes a bordo tiene previsto partir el martes hacia Kigali.
Bajo el esquema diseñado por Londres para tratar de frenar el flujo de personas que cruzan el canal de La Mancha en botes de goma, los deportados tendrán que permanecer en campamentos de refugiados construidos en el país africano.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y grupos defensores de los derechos humanos como Care4Calais y Detention Action consideran, sin embargo, que el plan, por el cual el Reino Unido entregará a Ruanda unos 158 millones de dólares, es inviable, inhumano y un derroche del dinero de los contribuyentes británicos.
En una declaración este viernes ante el tribunal, la Acnur aclaró que no respalda la deportación de los migrantes, como quisieron dar a entender las autoridades británicas en las notificaciones enviadas a los solicitantes de asilo.
La ministra del Interior británica, Priti Patel, celebró el veredicto del juez Swift, y tras afirmar que el país africano es seguro, recalcó que nada ni nadie impedirá al gobierno poner fin al tráfico de personas.
Según trascendió durante la audiencia oral de este viernes, las autoridades de Inmigración cancelaron la orden de deportación de cinco de los 130 migrantes que estarían en la lista.
El Tribunal Superior de Londres tiene previsto escuchar el lunes otra demanda contra el plan del gobierno de enviar a los solicitantes de asilo a Ruanda.
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