El diálogo sesiona en Jartum, la capital, auspiciado por la Misión de la ONU en Sudán (Unitams), la Unión Africana (UA) y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), esquema de concertación de África oriental y por vez primera se realiza cara-cara.
La agencia de noticias SUNA informó que en el intercambio participa una delegación militar encabezada por el vicepresidente del Consejo Soberano, Mohamed Hamdan Dagalo, quien para observadores es la segunda figura pública del país.
El teniente general se desempeñó en actos que definieron importantes aspectos del proceso de transición iniciado con el derrocamiento en 2019 del presidente Omar Hassan al Bashir, aún encarcelado por el delito de corrupción. La Corte Penal Internacional (CPI) solicita juzgarlo por crímenes de guerra.
Ese intercambio bilateral deberá promover acuerdos que posibiliten desbloquear el disenso causado por el golpe de Estado dado por Al Burhan –presidente del Consejo Soberano, máximo órgano de poder- en octubre del año pasado contra el primer ministro Abdalah Hamdock.
Esa democión provocó descontento tanto en la sociedad pública como en la civil y aumentó el rechazo a la cúpula castrense, a la cual consideran que secuestró el poder.
Al derrocamiento de Hamdock sucedió un intento de retornarlo al cargo, pero eso fracasó y ahondó la crisis existente, que además de solucionar los problemas institucionales requiere hacerlo con asuntos socioeconómicos como la distensión entre comunidades enfrentadas.
SUNA precisó que en las pláticas participan el Frente Revolucionario y el Partido del Congreso Popular.
La agencia de noticias afirmó que no están “los componentes del Consejo Central por la Libertad y el Cambio, el Partido Nacional Umma, el Partido Comunista, los Comités de Resistencia y otras corrientes revolucionarias”.
Asimismo, las Fuerzas de la Libertad y el Cambio (FLC), alianza política y de grupos civiles expulsada del Gobierno tras el golpe de Estado del 25 de octubre, confirmaron que no acudirán a las consultas.
Según las FLC, su ausencia es porque ese encuentro incumple los procedimientos para crear un clima democrático por parte de los militares.
No obstante, las Fuerzas -que encabezaron la revuelta contra Al Bashir tras 30 años de gobierno- admitieron que recibieron una invitación de la ONU, la UA y la IGAD para una reunión técnica con el Ejército, pero reiteraron que no acudirán a las conversaciones bipartitas.
Se necesita reducir la tensión política para avanzar en Sudán, Estado africano que fue considerado fuerte por analistas políticos hasta 2011, cuando parte de su territorio se convirtió en Sudán del Sur en obediencia al acuerdo de paz de Jartum con la guerrilla de John Garang.
Con gestiones diplomáticas el país trató de establecer vínculos notables con su vecino, donde se halla la mayoría de las fuentes de petróleo, mientras que en Sudán está la infraestructura tecnológica para procesar el crudo y el único puerto para su exportación.
Tal interdependencia en la explotación del hidrocarburo es otro tema de agenda incidente en la política; pues el fin de la era Bashir comenzó con protestas por el retiro de subsidios a los combustibles y una escalada en el precio de la harina (pan) en plena escalada inflacionaria.
La situación socioeconómica no cambió con el primer golpe de Estado de Al Burhan en 2019, pero dio señales de posibles trasformaciones que el auditorio africano calificó de válidas para la convivencia regional y de buen despegue en el proceso de transición pacífica.
Esa percepción se vino abajo en octubre de 2021 con el derrocamiento del primer ministro Hamdok y las acusaciones que le acompañaron, lo que motivó impugnaciones de partidos y ciudadanos comunes, que también consideraron torpe el intento fallido de reponerlo con urgencia.
Desde hace tiempo las organizaciones internacionales tratan de concretar un diálogo incluyente de las autoridades con el conjunto social o con la mayoría, iniciativa estancada, en tanto persisten manifestaciones callejeras contra el pasado golpe militar.
Una medida reciente que tiende a crear condiciones para el diálogo fue levantar el estado de emergencia impuesto desde el segundo asalto al poder hace ocho meses, cuando comenzaron las protestas que hasta ahora totalizaron un centenar de muertos y decenas de heridos.
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