Por una parte, el Ministerio Público rechazó el pedido del abogado del gobernante, Benji Espinoza, de que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, deje sin efecto la inclusión de Castillo en la investigación a una red de corrupción, medida anunciada el 29 de mayo último.
Espinoza alegó en el recurso que, si bien la Constitución no prohíbe investigar al jefe de Estado sí impide acusarlo, y protege así la inmunidad presidencial, que se vería mellada si prospera la indagación, argumento que fue rechazado.
Ante ese fallo, Espinoza presentó un recurso similar a la Corte Suprema, que lo ventilará el 15 de junio, por lo que pidió al fiscal postergar su interrogatorio a Castillo, programado para el lunes, después de la decisión del tribunal.
Argumentó también que, por su viaje a Estados Unidos para participar en la Cumbre de las Américas, Castillo no ha tenido tiempo para estudiar el expediente del caso ni de preparar sus respuestas con su abogado.
La investigación al presidente fue detonada por la difusión del texto de un audio en manos de la Fiscalía, en que el exministro de Transportes Juan Silva parece recibir un soborno, lo que agravó su situación.
Silva es investigado por contratos presuntamente corruptos de obras públicas y, tras el escándalo del audio, un juez ordenó su detención preliminar, ante lo cual optó por la clandestinidad y es buscado por la Policía en medio de acusaciones opositoras de que el Gobierno lo ayudó a fugarse, negado por el imputado.
Otro fracaso legal del presidente se registró esta misma semana, cuando el Poder Judicial rechazó un hábeas corpus contra la acusación de un grupo de abogados y políticos de extrema derecha, de traición a la patria.
El recurso argumentaba que la acusación, por la cual el gobernante puede ser procesado por el Parlamento, se basa solo en declaraciones de Castillo a la prensa en las que este, ante una pregunta sobre la posible cesión a Bolivia de una salida soberana al mar, respondió que no haría nada sin consultar al pueblo.
Los acusadores sostienen que ello implica la intención de ceder parte del territorio y la soberanía nacional, mientras la defensa señala que el mandatario no ha tomado ninguna decisión en tal sentido y ha precisado que jamás lo haría.
Sectores de la oposición, que utilizan errores y limitaciones se sienten alentados por el impacto de los audios, preparan una nueva moción para vacar (destituir) a Castillo, tras dos fracasos por no alcanzar los votos de dos tercios de los congresistas.
Al mismo tiempo, esos grupos impulsan, como opción a la vacancia, la acusación de traición a la patria que, de aprobarse en un proceso cuya duración duraría tres meses, determinaría la inhabilitación del mandatario para ejercer cargos públicos, es decir su retiro del Gobierno.
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