Luego daré más detalles, pero analizaremos todas las modernizaciones que se necesiten, afirmó el ministro de Transporte, Grant Shapps, en una entrevista con la edición dominical del diario The Telegrpah.
La ley sobre el derecho a la huelga, que impide la contratación de temporales para suplir a los trabajadores en paro fue aprobada en el gobierno laborista de Tony Blair (1997-2007), pero ya en 2015, los conservadores anunciaron que rechazarían las “restricciones absurdas” que prohíben a los empleadores buscar suplentes para mantener los servicios esenciales.
El Sindicato de Trabajadores Ferroviarios, Marítimos y del Transporte anunció que paralizará el servicio nacional de trenes a partir de la semana próxima, a menos que la patronal acceda a su demanda de equiparar los salarios al costo de la vida, y garantice la seguridad laboral y el fin de los despidos forzosos.
De no llegarse a un acuerdo, unos 50 mil empleados ferroviarios se ausentarían de sus puestos de trabajo el 21, 23 y 25 de junio, y los del metro se sumarían a la protesta el primero de esos tres días.
Shapps aseguró, sin embargo, que los trabajadores del sector son liderados por dirigentes ´marxistas´ que buscan convertir la protesta en un enfrentamiento con el gobierno conservador.
Estas huelgas son demasiado prematuras, y recurriremos a cualquier medio disponible para garantizar la protección del público en el futuro, recalcó el funcionario, quien acusó a los líderes sindicales de pretender chantajear al país.
La central sindical TUC calificó de ´temerarios´ los planes del gobierno de eliminar la prohibición sobre el uso de los trabajadores temporales, por considerar que afecta el derecho a la huelga.
El opositor Partido Laborista acusó, por su parte, al Ejecutivo de comportarse como un incendiario en lugar de un bombero, tras apuntar que nadie se sentiría seguro al viajar en un tren operado por empleados temporales, en lugar de los profesionales debidamente entrenados.
No tiene sentido, la única forma de resolver esto es lograr que todos se sienten a negociar, afirmó la diputada Rachel Reeves, quien se desempeña como ministra de Hacienda en el llamado gabinete a la sombra (opositor).
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