Aunque es un asunto complejo, dado que algunas encuestas establecen que Gustavo Petro, del PH, aventaja a Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, otras indican que entre los dos candidatos hay un empate técnico.
No obstante, los resultados de las elecciones legislativas del 13 de marzo pasado, donde la izquierda superó a los sectores tradicionales de derecha y al uribismo, más los resultados de los estudios de opinión, muestran un panorama proclive a un triunfo del progresismo.
Para el analista y académico Jairo Estrada, en esto influye «el nuevo estado de ánimo y de hartazgo social frente a la indolencia y la ignominia de quienes han gobernado a sus anchas a Colombia con la lógica de un régimen hacendatario en extremo violento, generando una marcada tendencia a la crisis del régimen de dominación de clase».
Esa crisis «también comprenderse en términos de tendencia a una crisis de hegemonía, si se consideran además sus alcances culturales», enfatiza.
Una de las causas de ese estado decadente de los sectores de dominación, de acuerdo con Estrada, está en el paro del 28 de abril de 2021 y la rebelión social de los meses subsiguientes, con alcances antisistémicos y de interpelación profunda al orden social vigente.
Datos de varias organizaciones como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz o Temblores ONG, la represión durante esos meses de movilizaciones dejó un gran saldo de violaciones a los derechos humanos.
En un informe conjunto señalan que, desde el 28 de abril hasta el 28 de junio de 2021, hace un año, se desarrollaron un gran número de manifestaciones y protestas que fueron objeto del uso excesivo de la violencia por parte de la fuerza pública.
Ello conllevó a que se cometan homicidios, lesiones oculares, agresiones sexuales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y diversidad de ataques físicos y verbales hacia quienes salen a las calles.
«La responsabilidad de los miembros de la fuerza pública tiene que ver con acciones evidentemente irregulares como omisiones y complicidades que deben ser investigadas por los organismos de control e instancias internacionales», enfatiza el documento.
Indepaz y Temblores alertan en su informe sobre el uso arbitrario y desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional colombiana, que vulnera sistemáticamente el derecho a la protesta y, de forma conexa, viola un sinnúmero de derechos consagrados en la constitución y en los marcos del cumplimiento de los derechos humanos.
Precisa el texto que en esos meses del paro nacional hubo tres mil 486 casos de violencia policial; 28 víctimas de violencia sexual, 83 personas sufrieron daños oculares, 75 asesinatos en el marco del paro nacional, de los cuales 44 fueron con presunta autoría de la Fuerza Pública.
Además, se reportaron mil 832 detenciones arbitrarias, mil 468 casos de violencia física, señala el informe.
Las movilizaciones en el contexto del paro nacional de 2021, cuando cientos de miles de jóvenes, maestros, obreros, políticos, mujeres, intelectuales y personas LGBTIQ+ desafiaron la pandemia y fueron a las calles a protestar contra las políticas del gobierno de Iván Duque, fueron consideradas como el estallido social más grande de Colombia en los últimos 70 años.
Más allá de un asunto coyuntural provocado por el confinamiento a causa de la pandemia, el modelo neoliberal amparado por las legislaciones y normativas de la década de 1990 provocó un gran descontento y una profundización de la brecha entre ricos y pobres.
Sin dudas ese malestar fue depositado en las urnas los pasados 13 de marzo y 29 de mayo por medio del voto de los electores colombianos.
A un año de la rebelión social, los elementos que dieron origen a ese estallido, han puesto en escena la posibilidad de alcanzar por primera vez en la historia política del país el triunfo presidencial de una fuerza progresista encarnada en el proyecto del Pacto Histórico.
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