El aspirante «en repetidas ocasiones dio a conocer, que desde el proceso de recolección de firmas y en las distintas etapas de su candidatura a usó recursos propios, cuando por estar imputado en un proceso por posible corrupción contra la administración pública, la ley se lo prohíbe», señalaron.
Los abogados explicaron que la Fiscalía General de la Nación presentó un escrito de acusación contra el aspirante a la Primera Magistratura del Estado por los presuntos hechos que hacen referencia a delitos contra la administración pública, cuando ejerció como alcalde de Bucaramanga.
Tal investigación está a cargo de la Fiscalía 05 seccional, adscrita a la Unidad de Administración Pública de Bucaramanga y el proceso se encuentra vigente, recalcaron.
Subrayaron que el Código Penal Colombiano establece que un candidato a cargo uninominal, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años sí permite que en una campaña se inviertan bienes provenientes de fuentes de financiamiento que estén prohibidas por la ley.
«Pese a dicha prohibición, es un hecho notorio y de público conocimiento, que el candidato ha afirmado, en repetidas ocasiones, que con sus propios recursos ha financiado varias etapas de su campaña a la presidencia de la República», enfatizaron.
Tanto el mismo candidato, como el gerente de la campaña, podrían incurrir en el tipo penal de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas qué establece el artículo 396 A del código penal colombiano, explicaron en el texto.
Por lo anterior solicitaron a la Fiscalía General de la Nación adelantar la investigación de naturaleza penal, por los hechos presuntos señalados, en contra del candidato Rodolfo Hernández.
Además, realizar la misma investigación contra quién se desempeña como su gerente de campaña, en los mismos términos y por los mismos hechos, señala el texto del colectivo representados por los juristas Indemaro Luján y Oscar Fuentes.
mv/otf
