La postura responde a los intentos de la oposición de rearticular el discurso y medios empleados durante el golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019.
En los últimos días fuerzas políticas de derecha llamaron a “movilizaciones ciudadanas” como forma de mostrar su desaprobación a la sentencia de 10 años de prisión dictada por la justicia boliviana a la expresidenta de facto Jeanine Áñez.
“No vamos a permitir más desestabilizaciones, no vamos a permitir que la derecha esté desestabilizando políticamente a nuestro Gobierno” manifestó el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi.
El Pacto de Unidad alertó además sobre la complicidad de varios medios de comunicación, que venden al mundo una imagen parcializada del proceso con el objetivo de ilegitimarlo y poner en entredicho al sistema judicial del país suramericano.
Juntos, derecha y medios, promueven el discurso de un proceso judicial parcializado e intentan señalar al gobierno del presidente Luis Arce como responsable de un acto de persecución política y violatorio de los derechos fundamentales de Áñez, insistió el Pacto en una declaración.
“Les recordamos a estos derechistas y golpistas que nosotros actuamos en el marco de la ley y no masacramos, no perseguimos ni atentamos a la vida como ellos lo hicieron en 2019”, dijo uno de sus representantes en la declaración del estado de emergencia.
El proceso contra Áñez es conocido como Golpe de Estado II y responde a cargos de incumplimiento de deberes y violaciones a la constitución, y aun resta el juicio por Golpe de Estado I, relacionado con la represión durante la administración de facto, incluidas las masacres de Senkata y Sacaba, donde perdieron la vida 38 bolivianos.
La condena a 10 años de prisión fue apoyada por el Movimiento al Socialismo (MAS, principal fuerza política del país y en el gobierno), aunque la consideró benigna en relación con el daño que Áñez infligió al país tras la ruptura de la democracia con el golpe de Estado a Morales.
Durante la gestión del gobierno de facto, Bolivia retrocedió en importantes indicadores como inversión social, desarrollo educativo, economía, finanzas, infrestructura, y elevó los índices de desempleo, corrupción y endeudamiento externo.
De ahí que la decisión judicial fuera bien recibida por organizaciones sociales como las integradas el Pacto de Unidad, que ve en el proceso un acto de justicia y reparación.
mv/avs
