La llamada Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) prevé asignar 857 mil millones de dólares al sector militar, aunque la administración del presidente Joe Biden pidió 813 mil millones cuando dio a conocer su propuesta a fines de marzo.
De acuerdo con lo aprobado este jueves, 817 mil millones irían solo al Pentágono, mientras que 29,6 mil millones estarían destinados al Departamento de Energía y otros 10,6 mil millones a actividades relacionadas con la defensa fuera de la jurisdicción de la legislación.
Entre los aspectos más destacados del proyecto se encuentran los 800 millones para sostener el apoyo militar a Ucrania, donde Rusia lleva a cabo una operación que, de acuerdo con Moscú, busca desmilitarizar y desnazificar la nación europea.
Un problema que centra el debate parlamentario alrededor del gasto anunciado es cómo la inflación afecta el presupuesto del Departamento de Defensa.
Sobre ese tema, el presidente del Comité de Servicios Armados, Jack Reed, explicó que precisamente al alza de los precios se debe el aumento de la cantidad sugerida por el ejecutivo.
El objetivo es contrarrestar la inflación galopante, ayudar a Ucrania, reponer las armas enviadas a Kiev y financiar las prioridades militares que quedaron fuera de la solicitud de presupuesto del Pentágono, dijo Reed citado por el diario Politico.
El proyecto ahora se dirige al pleno del Senado, donde analizarán el texto, que está muy por encima de los 802,4 mil millones de la NDAA que la Cámara Baja está a punto de considerar el próximo miércoles.
De ser aprobada la variante de la Cámara Baja, ambos textos deberán conciliarse en uno solo para que ambos plenos lo voten posteriormente, aunque para implementarse es necesario una legislación de financiamiento producida por los comités de Asignaciones de la Cámara y el Senado.
Estados Unidos ocupa el primer lugar a nivel mundial en gastos militares, una cantidad que cada año es superior y genera opiniones encontradas entre los legisladores y en la sociedad.
Analistas y parte de la ciudadanía consideran que priorizar gastos de defensa no responde a los verdaderos intereses y preocupaciones nacionales.
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