La ULCC señaló que estos ciudadanos desempeñan un papel esencial en el desarrollo de las investigaciones administrativas y policiales, así como en el enjuiciamiento de los delitos y las faltas, por lo cual es necesaria su salvaguarda.
Al respecto, Amoce Auguste, de la Oficina del Protección del Ciudadano afirmó que la consecución de los objetivos de la lucha contra la corrupción debe incluir una amplia campaña de concienciación y educación de la ciudadanía sobre los males de esta práctica.
Desde hace varios años, organizaciones como el Observatorio Ciudadano para la Institucionalización de la Democracia señalaron la importancia de una ley como esta, que permita el avance de las pesquisas, pues en algunos casos las amenazas sobre los informantes impiden sus testimonios.
También sucede a nivel judicial, y el más reciente ejemplo ocurrió durante la investigación del magnicidio cuando jueces de paz y secretarios judiciales involucrados recibieron amenazas de muerte y tuvieron que buscar refugio para ellos y sus familiares.
Pese a la importancia de una reglamentación como esta, las leyes de Haití establecen que debe ser aprobada por el Parlamento, disfuncional desde enero de 2020 cuando vencieron los mandatos de todos los diputados y de dos tercios de los senadores, mientras aún no se programaron elecciones legislativas.
La ULCC alista otros cuatro proyectos destinados a fortalecer la ley haitiana de represión contra actos de corrupción, que se enfocan principalmente en el libre acceso a la información; la modificación de la ley de 17 de agosto de 1912, sobre la extradición de criminales prófugos; asistencia judicial recíproca y sobre la moralización de la vida pública.
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