La nueva normativa deroga anteriores legislaciones y reduce el estímulo de 100 a 60 por ciento de crédito fiscal del valor total del proyecto, más de 5,0 por ciento del valor de la infraestructura del Plan Maestro.
La iniciativa acorta el periodo del aliciente fiscal hasta el 31 de diciembre de 2024 (hoy es hasta 2025) y se limita a los destinos o áreas de interés, fuera del distrito de Panamá.
Al sancionar la ley, Cortizo aseguró que serán muchos los beneficios que tendrá el país y que, además, se impulsará el crecimiento de la industria del ocio y de la construcción.
Para el analista Eugenio Stoute la llamada Ley 789 causará un enorme daño al erario, asegurando que entre lo que se ha declarado y solicitado suman 620 millones de dólares, o sea, que el pueblo financiará 620 millones de dólares que solo beneficiarán a los empresarios, es decir la inversión les saldrá completamente gratis
Por su parte, en mayo pasado, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) pidió al gobernante que vetara el proyecto legislativo por evidentes distorsiones.
En un comunicado, la entidad precisó que la norma genera desconfianza por su falta de proporcionalidad, fiscalización y transparencia, al tiempo que alertó como probable que el país termine financiando proyectos turísticos que no tendrían el impacto que se promete.
La disposición otorga el beneficio a un pequeño pero poderoso grupo de desarrolladores turísticos, entre ellos las familias Eleta, Bern y Alemán, con valores registrados por 232 millones, 155 millones y 71 millones de dólares, respectivamente, según la Cciap.
También instaron a establecer mecanismos previos y posteriores que protejan al Estado, como estudios de factibilidad y viabilidad, repercusión en las finanzas públicas, impacto social, económico, y certificaciones o auditorías.
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