El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) notificó a la prensa en Luanda que el asunto fue expuesto este miércoles en Ginebra, Suiza, por el director general de la Agencia Nacional de Acción contra Minas (Anam), el brigadier Leonardo Sapalo.
Según afirmó el representante a la Anam, Angola tiene condiciones objetivas para cumplir con el artículo 5 de la convención de Ottawa, que fijó la meta hasta 2025; sin embargo, precisa financiamiento.
Socios nacionales e internacionales podrían ayudar en la movilización de recursos, a través de acciones bilaterales y multilaterales, para cubrir la necesidad financiera, estimada en 228 millones 515 mil 435 dólares, expuso el directivo.
Al decir de Sapalo, el estado angoleño mantiene la meta de destruir o asegurar la destrucción de todas las minas antipersonales en su jurisdicción lo antes posible, pero “los acontecimientos mundiales, fuera de nuestro control, han impedido este logro”, alegó.
El Tratado de Ottawa es una convención internacional sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y sobre su destrucción.
En la sesión plenaria de hoy entre los estados parte, el director de la Anam consideró que el ejecutivo nacional y sus socios cuentan un importante historial en la movilización de recursos humanos, financieros y materiales, para cumplir con las disposiciones del artículo 5 de la convención.
Asimismo, relató los avances cualitativos en cuanto normativas jurídicas, diseño de la estrategia nacional, actualización de planes anuales de desminado y reuniones periódicas de coordinación operativa.
Hasta mayo del presente año, el país cuantificó la existencia todavía mil 92 campos minados dispersos, lo que dificulta aún más el trabajo en el terreno, estimó.
El Brigadier aprovechó la oportunidad para agradecer a los donantes y al centro internacional de desminado humanitario en Ginebra por el apoyo brindado, avaló el Mirex.
Los campos minados en esta nación africana constituyen una de las secuelas más visibles de la guerra civil, que duró casi 30 años, desde 1975 hasta 2002.
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