La Asamblea Nacional de los Pueblos (ANP), integrada por centrales sindicales, campesinas, asociaciones de productores agrarios y otras agrupaciones, precisó que la el Paro Cívico, Agrario y Popular será acompañada de movilizaciones, sin descartar bloqueos de calles y carreteras.
La protesta plantea una plataforma de reclamos políticos y sociales, entre los que destacan el de una nueva constitución con paridad de género, plurinacional y ecologista, así como el cierre del Parlamento bajo control derechista, cuya impopularidad se refleja en una desaprobación mayor a 80 por ciento en diversas encuestas.
La ANP respalda también la ejecución de la II Reforma Agraria, anunciada por el Gobierno, para enfrentar la crisis alimentaria; la disolución de los monopolios y los oligopolios y una reforma laboral que elimine la llamada flexibilización o reducción de derechos de los trabajadores.
Otras demandas apuntan a una nueva política contra la corrupción y la inseguridad ciudadana, así como salud y educación universales, gratuitas y de calidad.
Por su parte, el presidente de la Unión Nacional de Transportistas de Carga Pesada (UNT), Javier Marchese, exigió que el Gobierno solución al problema del alza , según dijo, excesiva de precio de la gasolina y señaló que en Perú es la más cara de la región.
El paro, aseguró, continuará hasta que el Ejecutivo atienda la demanda y podría extenderse por al menos dos semanas en las que, según dijo, no habrá provisión de productos del agro a las ciudades.
La paralización no es unánime, pues el gremio de camioneros de la región sureña de Arequipa aceptó dar una tregua al Gobierno hasta el 18 de julio, cuando iniciará el paro si el problema no se resuelve.
El presidente de la Asociación Nacional de Transporte Terrestre de Carga (Anatec), Bruno Aberasturi, confirmó a su vez que se sumará a la huelga de la UNT, mientras la Asociación de Transporte Interprovincial de pasajeros mantiene un diàlogo con el Gobierno.
Un paro de transportistas causó en abril pasado desabastecimiento en las ciudades y registró incidentes violentos en los que hubo ocho muertos, cifra que incluye a varios ocurridos en accidentes durante la protesta, levantada bajo la promesa de atención a los reclamos.
Según la gubernamental Secretaría de Gestión Social y Diálogo, hasta el 20 de junio había en Perú 129 conflictos sociales, más de la mitad en el sector minero.
rgh/mrs
