Este día, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial (JEP) abordará el patrón de secuestro con fines de financiamiento.
Ayer, en la audiencia ante las víctimas y magistrados de la JEP, entidad nacida en el contexto del Acuerdo de Paz firmado en 2016, el último comandante de las desaparecidas FARC-EP admitió públicamente dichos actos.
También reconocieron su responsabilidad los exjefes guerrilleros Pablo Catatumbo, Julián Gallo, Pastor Alape, Milton Toncel, Rodrigo Granda y Jaime Alberto Parra, quienes intervienen en la audiencia que comenzó este martes y se extenderán hasta el jueves próximo.
En una reciente entrevista a Prensa Latina, el presidente de la JEP, el abogado Eduardo Cifuentes, explicó que en el macrocaso 01, se determinaron más de 21 mil secuestros por parte de las FARC-EP.
Dichos secuestros formaron parte de una política de financiación de la guerra interna en Colombia, una forma de sometimiento de población, territorial y política para intercambio de presos, y se presentaron en ese contexto innumerables crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, añadió.
«Si reconocen la verdad, entran en una ruta restaurativa de mucha importancia que también, naturalmente, se les impone una sanción, pero distinta de la pena carcelaria como tal», precisó.
Agregó que en un tiempo de cinco a ocho años tendrán que trabajar, realizar obras para las víctimas en el contexto de planes, programas y de actividades que el Estado tiene que desarrollar justamente en esos territorios y en favor de las poblaciones más vulnerables donde se focalizó parte de la violencia en el conflicto.
«Cuando los autores de estos graves delitos confiesan frente a las víctimas lo que hicieron, por lo menos se mitiga ese dolor infinito y esto está ocurriendo en Colombia; esa es la noticia en relación con otros países que atravesaron por estos conflictos», resaltó.
Cifuentes destacó que para ponerle fin a estos ciclos de repetición de la violencia es necesario acudir a una justicia como la de la JEP, un procedimiento más dialógico, más humano, donde no se renuncia a la verdad.
«Frente a esto tenemos que entender nuestra historia, nuestra realidad, nuestro dolor e igualmente imponer sanciones, pero de reintegración social, a los responsables que tienen, al menos, el valor de reconocer lo hecho, de aportar a la verdad, y de colocar los próximos años de su existencia en una ruta de trabajo y de actividad reparadora», expresó.
Comentó que eso puede ser censurable desde otras perspectivas, pero le parece razonablemente una salida importante a un conflicto de 60 años.
«Estamos probando que esto es posible; no podemos garantizar que estos éxitos cosechados en la primera etapa necesariamente van a continuar hasta el final, pero creemos que hay bases suficientes para pensar que este experimento de justicia es sostenible y rinde un fruto en términos de verdad, justicia y reparación», enfatizó.
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