El fiscal José Pérez planteó a la Sala Penal de la máxima corte que anule la libertad de Fujimori para que termine de cumplir una segunda prisión preventiva, de 15 meses, iniciada en enero de 2020 y cambiada por libertad condicional por riesgo de contraer Covid-19 en prisión.
La prisión preventiva fue aplicada ante el riesgo de que se fugue u obstaculice las pesquisas en torno al presunto lavado de activos, con millonarios fondos recibidos secretamente de empresas extranjeras y locales para sus campañas electorales de 2011 y 2016.
La hija del exgobernante Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años de cárcel por dos matanzas que califican como crímenes de lesa humanidad y por corrupción, fue sometida a prisión preventiva preliminar por primera vez en octubre de 2018 y salió libre siete días después.
El mismo mes un juez dispuso igual medida por 36 meses en en noviembre del mismo año, pero el Tribunal Constitucional la revocó en noviembre de 2019, pero un nuevo pedido del fiscal Pérez motivó una orden de 15 meses de prisión en enero de 2020 y el Poder Judicial la liberó en abril del mismo año.
La candidata tres veces derrotada en segunda vuelta en 2011, 2016 y 2021, fue noticia esta semana al anunciar el proceso de su divorcio del estadounidense Mark Vito Vilanella, quien es uno de más de 40 coacusados de Fujimori.
Al anunciar su separación conyugal, Fujimori reconoció el apoyo de Vilanella y afirmó que este fue perseguido por el solo motivo de ser su esposo, lo que desmintió el conocido periodista de investigación Ángel Páez, al señalar que la pareja tenía “más que una relación de amor, era relación de complicidad”.
Recordó que el norteamericano es acusado de recibir parte de los fondos lavados por lo que el fiscal considera una organización criminal encabezada por Fujimori y presentó como ingresos de su empresa de bienes raíces, supuestas comisiones por servicios prestados a otros inculpados.
También incluyó como parte de sus ganancias elevadas comisiones de quienes fueron falsos suministradores de fondos usados para ocultar los aportes empresariales indebidos, anotó.
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