La Ley para la Protección del Concebido en su Etapa Gestacional de Viabilidad, sancionada en la noche del martes por el Senado con 16 votos a favor, nueve en contra y una abstención, también tuvo el apoyo de senadores del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Popular Democrático (PPD), que es mayoría en la Asamblea Legislativa.
El proyecto del Senado 693, presentado de forma tripartita para establecer que se presumirá viable todo concebido en el vientre materno de 22 semanas o más de gestación, con excepción de algunos criterios médicos, pasará ahora a la Cámara de Representantes.
La medida, que produjo discordia en el PPD luego que el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, calificara de “asesinas” a las mujeres que interrumpieran un embarazo, la originó la senadora conservadora Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad.
La parlamentaria, presidenta de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia del Senado, se proclamó defensora de la vida desde la concepción, a la vez que estableció que el derecho a la intimidad de la mujer no es absoluto, sino que encuentra su límite frente al de la vida.
Refirió que con esta ley solo se podrá proceder con la terminación del embarazo si la madre está en peligro de muerte o incapacidad severa; por anomalía fetal incompatible con la vida o por determinación médica de inviabilidad fetal.
La presidenta de la Comisión de Asuntos de las Mujeres del Senado, Migdalia González, observó que se violenta la carta de derechos en cuanto a la intimidad, además de imponer una carga indebida a las mujeres y a las niñas que tengan la necesidad de someterse a un aborto.
La senadora Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana, advirtió que este proyecto pretende llevarnos a los años 1800, crear obstáculos para que las mujeres tomen decisiones sobre su cuerpo; nos preocupa que este proyecto vaya por encima de las recomendaciones de los paneles médicos y de los departamentos de Salud y de Justicia.
La senadora independentista María de Lourdes Santiago sostuvo que cuando esa maternidad es deseada es la mayor ocasión de júbilo que se pueda tener, pero esa no es la experiencia de todas las personas gestantes.
“Hay mujeres que la imposición de la maternidad no deseada es una fuente de dolor y marginación”, recalcó la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). El senador independiente José Vargas Vidot destacó que este proyecto tiene efecto de volver al gancho, es exponer a la persona que no tiene el recurso a arriesgar su vid cuando en Puerto Rico no existe una epidemia de abortos.
La legislación detalla que se requiere a todo hospital, centro de terminación de embarazo, profesional médico licenciado o centro de servicios de salud, que mensualmente sometan al Ministerio de Salud información relacionada con toda terminación de embarazo para propósitos estadísticos y de velar con el cumplimiento de esta ley.
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