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Corte descarta regreso a prisión de dirigente neoliberal en Perú

Lima, 23 jun (Prensa Latina) La Corte Suprema de Perú ratificó hoy la libertad condicional de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, al descartar la nulidad del dictamen que en 2020 la excarceló, solicitada por el fiscal del caso, José Pérez.
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En una breve audiencia, la Sala Penal Permanente de la corte declaró infundado el recurso del fiscal, que alegaba que la libertad con restricciones obtenida por la enjuiciada por lavado de activos y otros delitos no era válida porque había sido solicitada fuera del plazo legal de tres días.

Los jueces, sin embargo, determinaron que el plazo real era de cinco días y el recurso, que invocaba entre otras razones el riesgo de que Fujimori se contagiara de Covid-19 en prisión, fue presentado a tiempo.

La tres veces fracasada candidata presidencial fue sometida a otra prisión preventiva de 36 meses impuesta por un juez en octubre del 2018 y ratificada en todas las instancias, pero apeló ante el Tribunal Constitucional que, en un polémico ffallo, ordenó en noviembre de 2019 su libertad.

En enero de 2020 el Poder Judicial dictaminó una nueva prisión preventiva -ante su posible fuga y obstaculización de las pesquisas- por 15 meses y en abril del mismo año la Corte Suprema dispuso la libertad condicional de Fujimori.

La dirigente enfrenta un juicio por lavado de activos, liderazgo de una organización criminal y obstaculización de la justicia.

Los cargos están relacionados con la recepción oculta de millones de dólares como aportes electorales de empresas locales y extranjeras para sus campañas electorales de 2011 y 2016, que perdió en sendos balotajes, al igual que en 2021.

El fiscal Pérez, en su acusación contra más de 40 coinculpados, solicitó para la hija del exgobernante Alberto Fujimori (1990-2000) -preso por crímenes de lesa humanidad y corrupción- 30 años y diez meses de prisión.

Entre los inculpados se encuentran miembros de su entorno político y familiar, entre ellos su esposo, Mark Vito Vilanella, para quien el fiscal pide 20 años de cárcel. Ambos anunciaron esta semana su divorcio.

El juicio se encuentra en su fase inicial, que tardó varios años debido, según el fiscal Pérez, a numerosas maniobras dilatorias de los abogados defensores como la última, que pretendía anular la investigación para que se haga una nueva, lo cual fue rechazado por el Poder Judicial.

mv/mrs

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