La postura de los legisladores de UNES implicaría acudir a la llamada muerte cruzada en medio de la agudización de la protesta social contra medidas económicas neoliberales del gobierno, quedó refrendada en mensajes en las redes sociales, en los cuales afirman: «mi cargo a disposición de mi pueblo».
Según indicó la asambleísta alterna Blanca López, la muerte cruzada no es pedido de un bloque, sino de muchos en el país, quienes solicitan resolver la crisis interna con votos y no con balas.
«Las elecciones anticipadas son para Ejecutivo y Legislativo, y UNES ya dio el primer paso», agregó.
De su lado, Luisa González, electa por a provincia de Manabí, sentenció que se unió a las firmas «por los ecuatorianos, por un Ecuador con justicia social, para que pare la violencia».
Según indicaron los parlamentarios, el pedido está respaldado por el numeral 2 del artículo 130 de la Constitución, que hace referencia a la destitución del Presidente de la República en caso de grave crisis política y conmoción interna.
Asimismo, en sus mensajes, preguntan que hará el resto de los asambleístas, a propósito del panorama actual marcado por fuerte represión policial y militar contra los sectores de la población sumados a las protestas.
La muerte cruzada es una herramienta mediante la cual el Presidente de la República puede disolver la Asamblea Nacional y ésta, a su vez, tiene la capacidad de destituirlo, sin juicio político previo, tras lo cual habrá sufragios a fin de elegir a las dignidades de ambos poderes.
Para iniciar el proceso, se requiere un pedido al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, con el respaldo de al menos 46 firmas del pleno, integrado por 137 miembros.
De completarse ese paso, corresponde convocar a una sesión, con un mínimo de 24 horas de anticipación y notificar al mandatario, Guillermo Lasso, quien podrá ejercer su derecho a la defensa.
La aprobación del cese de funciones del dignatario necesita 91 votos, y en caso de que sea separado del puesto el Consejo Nacional Electoral tendrá siete días para llamar a elecciones presidenciales y legislativas, período en el cual Lasso puede disolver la Asamblea Nacional.
El tema salió a la palestra pública a partir de diferencias entre el dignatario y la Legislatura, las cuales incluso lo llevaron a afirmar que podría gobernar por decreto.
Sin embargo, en su informe a la nación al cumplirse el primer año de gestión el 24 de mayo último, Lasso aseguró que no optará por la disolución de la Asamblea, pues «el país no necesita más elecciones, sino fortalecer la gobernabilidad».
acl/scm
