La subcomisión de Acusaciones Constitucionales reconsideró la decisión tomada hace 10 días de archivar la acusación presentada contra el fugaz exgobernante por la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado.
La votación se dividió en seis a favor de reconsiderar el tema y volver a votar, y seis en contra, y nuevamente la centroderechista Rosío Torres, titular del grupo legislativo, votó dos veces en razón de su cargo y decidió el resultado.
Junto a Merino se libraron de ser enjuiciados como responsables de las muertes quienes fueran primer ministro, Ántero Flores-Aráoz, y titular del Interior, Gastón Rodríguez.
Sotelo y Pintado fueron abatidos por armas de fuego durante la represión de protestas que obligaron a Merino a renunciar tras cinco días de asumir la presidencia por destitución de su antecesor, Martín Vizcarra.
La determinación ratificada impide que la Fiscalía de la Nación siga investigando el caso y acuse a los exgobernantes, pero no afecta las indagaciones de esa instancia a 11 altos oficiales señalados como responsables.
La subcomisión específicamente, aprobó el informe que sobre el tema presentó el legislador de derecha extrema Alejandro Cavero, que ignoró más de 50 pruebas consignadas en la acusación por la hasta hace poco fiscal de la Nación, según la cual los tres indagados deberían ser sometidos a juicio.
Cavero, acusado de actuar como abogado de Merino, no tomó en cuenta que Merino, Flores-Aráoz y Rodríguez felicitaron a la Policía por su actuación contra las grandes manifestaciones de repudio al efímero régimen y alegó que las muertes “han sido politizadas”.
Preguntado sobre el desenlace, el congresista expresó satisfacción y se amparó en la versión policial de que Sotelo y Pintado fueron víctimas de disparos de manifestantes extremistas que buscaban derramar sangre para exacerbar los ánimos.
Como supuesto fundamento de lo dicho, citó un informe policial que indica que los uniformados solo usaron contra los manifestantes armas no letales y perdigones de plástico y nunca de plomo y los fallecidos fueron víctimas de proyectiles de plomo, por lo que las muertes fueron causadas con armas artesanales de manifestantes.
Sin embargo, un peritaje del Ministerio Público verificó que los proyectiles que mataron a Sotelo y Pintado no fueron disparados por armas artesanales, sino por armamento que suele usar la Policía.
Esos y otros elementos llevan a organizaciones de derechos humanos, la defensoría del pueblo y las familias de los asesinados, a considerar la posibilidad de buscar justicia en el Tribunal Constitucional y en instancias internacionales.
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