Por Sinay Céspedes Moreno
Corresponsal de Prensa Latina en Ecuador
En medio de un paro del movimiento indígena, apoyado por amas de casa, estudiantes, mujeres, campesinos y trabajadores, el anuncio del inicio de las conversaciones bajó el tono a la crisis derivada de dos semanas de protesta repelida por una fuerte represión policial y del ejército, y actos vandálicos de grupos infiltrados con severos daños, sobre todo en Quito, la capital del país.
Movimiento indígena y campesino de Ecuador anuncia marcha
La mesa técnica se instaló en la jornada 15 del levantamiento, el 27 de junio, convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), con carácter nacional territorial e indefinido, en espera de soluciones concretas por parte del Ejecutivo a demandas sobre 10 temas económicos y sociales de relevancia para toda la ciudadanía.
Con la participación de la iglesia, la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional Electoral como garantes, de un lado estuvieron dirigentes de pueblos ancestrales y líderes campesinos, y del otro la administración nacional, liderada por el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.
Los combustibles y la minería fueron los principales temas que centraron el encuentro inicial, que acabó con avances como el compromiso gubernamental de anular el Decreto 95, sobre la Política Hidrocarburífera, y de evaluar posibles modificaciones a la ordenanza acerca de la exploración y explotación minera.
Los buenos vientos amainaron con la decisión del mandatario, Guillermo Lasso, de dialogar con el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, a raíz de un enfrentamiento entre residentes en una comunidad amazónica unidos al levantamiento y militares, que dejó un muerto y 12 heridos por los uniformados y al menos tres comuneros lesionados.
Mientras el Ejecutivo responsabilizó a los movilizados por el incidente, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos daba cuenta de denuncias desde esa misma localidad, de represión y uso de bombas lacrimógenas, perdigones y balas contra quienes protestaban.
«Desconocer a un líder es desconocer a una colectividad. Lo que necesita el país, el Estado, la estabilidad de este país, es que se vuelvan a sentar a la mesa de diálogo», señaló al respecto el exjuez constitucional y docente universitario Ramiro Ávila, a cuyo juicio, el aumento de la violencia es resultado de la falta de conversaciones y búsqueda de consensos.
CONTINÚA LA RESISTENCIA
Otros analistas y activistas sociales opinan que la realidad en Ecuador demuestra el divorcio existente entre el discurso de buenas voluntades y las acciones del Gobierno liderado por el presidente Guillermo Lasso, cuya aprobación cada vez es menor, según encuestas.
«La gestión de Lasso es más que pésima. Está llevando al país a un callejón sin salida por incapacidad de gobernar. Como le ocurrió al gobierno de Mahuad, del cual él y varios asesores fueron parte. Gobernar un país no es gestionar un banco. Ser presidente no es ser patrón», afirmó en ese sentido el exvicecanciller Kintto Lucas.
Por su parte, representantes de diferentes ramas de la cultura ecuatoriana mostraron preocupación por las violaciones a los Derechos Humanos en el contexto de las manifestaciones, que en los primeros 13 días dejaron un saldo de cinco fallecidos, más de un centenar de heridos y decenas de detenidos.
Con el diálogo roto, la violencia retornó a tomarse las calles y los centros de paz en la capital volvieron a rodearse de uniformados con amenazas de ingresar en esos sitios de acogida y asistencia humanitaria de mujeres, niños y ancianos indígenas asistentes a las movilizaciones.
«Acciones como esas demuestran la posición beligerante que mantiene el gobierno nacional, en cuyas manos pesa la sangre de nuestros compañeros», aseguró el Partido Comunista del Ecuador.
La organización política rechazó lo que tildó de una posición beligerante del mandatario, quien “se escuda ante las acciones de las fuerzas represivas del Estado, tergiversa información y denigra a los líderes sociales y consecuentemente a sus representados”.
Mientras, el movimiento indígena insiste en acoger las negociaciones, pero deja claro que la resistencia en las calles continúa, pues a Quito llegaron a buscar respuestas de una agenda de 10 puntos que afectan a la mayoría de la población y no se irán sin resultados.
La mesa continúa instalada, con el gobierno ausente y las sillas ocupadas del lado de los sectores sociales, en espera de soluciones a sus reclamos contra el alto costo de la vida, la falta de fondos para educación y salud, la inseguridad, la minería ilegal y la privatización de sectores estratégicos, entre otras demandas.
La beligerancia que se vive en Ecuador fue además reconocida por la Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos, que documenta acusaciones de vulneraciones y hechos violentos contra el pueblo en resistencia, con el objetivo de emitir informes y darlos a conocer a nivel nacional e internacional.
En declaraciones a Prensa Latina, algunos de sus miembros explicaron que la meta de la presencia en esta nación andina es visibilizar la situación, aportar al cese de las vulneraciones y contribuir a un canal de diálogo para atender los reclamos de la ciudadanía.
Junto a ellos, personas solidarias con los movilizados y medios de prensa comunitarios muestran una realidad donde la estigmatización, la discriminación racial y étnica son evidentes en un Ecuador que dista mucho de ser el país del encuentro promovido por el dignatario.
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