La decisión se debe, en parte, a que los migrantes salieron desde Chiapas, México, y que dos de los presuntos traficantes de personas detenidos son mexicanos, indicó.
El hecho ocurrió en San Antonio, Texas, el pasado 27 y entre las víctimas hay ya confirmados 22 ciudadanos mexicanos.
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informó hoy que la FGR abrió una investigación en coordinación con el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos. Otras fuentes indicaron que ya salieron para el vecino país agentes del Ministerio Público con ese propósito.
El canciller informó que los connacionales sobrevivientes son atendidos en el Texas Vista Medical Center y se encuentran deshidratados, en tanto su despacho colabora en la extradición de los restos de las víctimas mortales para entregarlos a sus familiares.
Se trata de la tragedia de este tipo con mayor número de víctimas fatales durante una operación de tráfico de migrantes desde México, pues no es la primera vez que algo así sucede, aunque no de forma tan masiva como este de Texas.
Entre los todavía hospitalizados por las secuelas del calor, la asfixia y la sede, hay cuatro niños, aunque se reserva su nacionalidad. Los muertos cuando se abrió el camión eran 46 y los demás fueron falleciendo poco después, sin que los médicos pudieran reanimarlos en algún momento.
Hay 21 cadáveres cuya nacionalidad no se ha verificado o por lo menos no se ha revelado hasta ahora, admitió Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. De los identificados, además de los mexicanos, hay siete guatemaltecos y dos hondureños.
La presión migratoria es muy fuerte y crecerá si la crisis económica mundial sigue y las grandes potencias no contribuyen con políticas más humanas a una mejor redistribución de la riqueza y aumento de las oportunidades de trabajo e ingresos de grandes masas que buscan sobrevivir, indicaron legisladores mexicanos.
El Senado formuló un llamado a las autoridades de México y Estados Unidos a fin de que se investigue y sancione la muerte de los migrantes, y sus directivos, Olga Sánchez Cordero y de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, coincidieron en que esa tragedia no debe quedar impune.
car/lma
