Igualmente, los expertos ven en esta actuación el fundamento para abrir casos disciplinarios contra varios altos funcionarios, destacó este jueves la radio de Copenhague.
Las autoridades sanitarias danesas alertaron entonces de que esa mutación podría comprometer la eficacia de las futuras vacunas contra la Covid-19, por lo que el Gobierno aprobó de forma urgente matar a toda la población de visones, estimada en unos 15 millones.
Días después se descubrió que la ley solo permitía sacrificar a animales en granjas con contagio, por lo que se aprobó sobre la marcha una reforma legal, lo que provocó protestas de criadores y la oposición, la dimisión del ministro de Agricultura, y la creación de una comisión aprobada por el Parlamento.
El informe considera que las declaraciones de la primera ministra socialdemócrata, Mette Frederiksen, cuando anunció el sacrificio, fueron «gravemente engañosas», aunque apunta que no se puede saber si estaba al corriente de la falta de cobertura legal.
En su comparecencia ante la comisión en diciembre, Frederiksen aseguró que en la reunión en la que se discutió la medida no se habló de su legalidad, que ella no fue advertida hasta días después, y que la decisión correspondió al ministro de Agricultura, aunque reconoció «errores» en una situación «crítica».
La comisión defiende que hay base para un caso disciplinario por negligencia grave contra el jefe de la Policía Nacional, Thorkild Fogde, y contra altos funcionarios de varios ministerios, entre ellos, la jefa de departamento de Frederiksen, Barbara Berthelsen.
El «minkgate» (caso de los visones, como se le conoce en Dinamarca) ha sido el gran lunar de la gestión de la pandemia de Frederiksen, elogiada inicialmente por la baja mortalidad que ha registrado el país en el contexto europeo.
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