Por Anelí Ruiz García
Corresponsal de Prensa Latina en Haití
Tras una reunión del Consejo de Ministros el 22 de junio, las autoridades resolvieron posponer dos años la aplicación de este código, al considerar que la ordenanza estaba condicionada al cumplimiento de una serie de medidas aún no puestas en marcha.
La decisión fue calificada de victoria por diversos sectores nacionales, que pidieron la derogación de la norma.
El exsenador Jean Renel Sénatus aseguró que la ley empañaba los valores morales y de la dignidad humana e insistió en la necesidad de hacer correcciones antes de su implementación.
Por su parte, el pastor Gregory Toussaint anunció que la lucha debe continuar para modificar el texto, el cual a su juicio promueve la inmoralidad, y aseguró que más de 180 mil haitianos, cerca del 1,5 por ciento de la población, firmaron una petición exigiendo su reforma.
RELIGIOSOS Y POLÍTICOS EN CONTRA
Moïse aprobó el código en junio de 2020, un año antes del asesinato, mientras era blanco de masivas movilizaciones que criticaban su gestión, presuntos casos de corrupción y autoritarismo.
En este contexto dio luz verde a la ley fruto de al menos una década de investigación y que durmió durante tres años en el Parlamento. Con cerca de mil artículos, el nuevo código debería sustituir al actual, vigente desde 1835; muchas voces estiman que no responde a las necesidades de la sociedad en materia de justicia.
Sin embargo, las principales críticas llegaron del seno de sectores religiosos que cuestionaron la penalización de la discriminación por orientación sexual, la supuesta obligatoriedad del matrimonio entre personas del mismo sexo, y deploraron con acidez la despenalización del aborto.
“Si un pastor no quiere casar a dos hombres o dos mujeres, será arrestado y estará en riesgo de prisión por uno o tres años”, dijo entonces el pastor Wismond Jeune, al frente de una masiva movilización que defendía a la “familia tradicional”, aunque ningún artículo hace referencia a la unión homosexual.
En la legislación vigente, la despenalización del aborto es punible para la mujer y quien lo practique bajo cualquier condición resulta una cuestión de salud pública por el número de personas que acuden a la práctica con consecuencias extremadamente dañinas, defendieron los integrantes de la comisión presidencial que revisaron el texto antes de su divulgación en 2020.
Otra de las voces críticas fue la del expresidente del Senado Youri Latortue, para el cual la nueva disposición solo exime del derecho a la amnistía, los casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad o de guerra, dejando libre el camino al presidente para perdonar por asuntos políticos y delitos financieros, aseguró entonces.
DEFENSA DE LA NUEVA NORMATIVA Y OBJECIONES
No obstante, el exministro haitiano de Justicia y Seguridad Pública Jean-Joseph Exumé piensa que esta es una interpretación “errónea” de las disposiciones de amnistía y perdón, pues el nuevo instrumento reproduce “casi palabra por palabra” las disposiciones vigentes sobre estos temas en la ley de 1860, enmendada en 1906 y 1994.
Exumé, quien estuvo al frente de la comisión de reforma, desmintió que el comité no se reuniera con diversos sectores durante el proceso de conformación de la legislación, e insistió en que tuvo lugar un amplio debate con instituciones sobre el texto; “esto no se hizo en un solo día, sino a lo largo de varios años”, aseveró.
El nuevo código que tras la decisión del Gobierno deberá entrar en vigor en 2024, permite que las multas y sus sanciones se determinen por ley o por decretos presidenciales, a instancias del ministro en cuestión, y ofrece una base legal a los principios que rigen el derecho penal haitiano.
Establece que este es aplicable a cualquier persona en el territorio nacional que haya cometido un delito de genocidio o de lesa humanidad, independientemente del lugar de los hechos.
Asimismo, responsabiliza a las personas jurídicas e introduce una variedad de sentencias alternativas al encarcelamiento, ausentes en la actual legislación, al tiempo que contempla castigos penales para comportamientos asociados a las nuevas tecnologías, delitos de cuello blanco y tráfico ilegal de drogas.
No obstante, para la Asociación Nacional de Magistrados Haitianos, un grupo de expertos debe analizar las consecuencias legales del documento, mientras el Senado insistió que el contexto no es idóneo pues faltan las condiciones para garantizar la implementación.
El Colegio de Abogados de Puerto Príncipe, dijo, por su parte, que no es el momento adecuado porque hay problemas “de fondo y de forma”, así como también a nivel de los mecanismos que deben entrar en vigor antes de la aplicación.
De igual manera, aseguraron que ciertas normas incluidas en el documento “son lesivas del orden constitucional, en particular el otorgamiento de una potestad reglamentaria autónoma al ejecutivo en materia penal”.
Estas disposiciones destruyen la jerarquía de las normas, pervierten la separación de poderes y trastocan los cimientos del Estado de derecho, aseveraron tras una reunión.
Con su prórroga se aplaza otro de los proyectos del asesinado presidente, mientras las elecciones, la reforma constitucional y la electricidad 24 horas parecen sueños en medio de la aguda crisis política y de seguridad que vive el país caribeño.
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