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Descartan acusación contra expresidente por muertes en Perú

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Lima, 1 jul (Prensa Latina) La Comisión Permanente del Parlamento archivó hoy en última instancia la acusación contra el expresidente Manuel Merino por las muertes de dos estudiantes en la represión a las protestas que lo obligaron a renunciar.

El beneficio alcanza también a quienes fueran su primer ministro Ántero Flores-Aráoz, y titular del Interior, Gastón Rodríguez, quienes tras las muertes de noviembre de 2020 felicitaron a los mandos policiales por su actuación contra las protestas, por las que Merino duró solo cinco días en el cargo.

El informe ratificado no recogió testimonios de familiares de las víctimas ni de manifestantes y suscribió la versión policial de que Inti Sotelo y Bryan Pintado murieron a manos de otros marchistas.

Según los críticos del informe, el autor, congresista Alejandro Cavero, negó validez a más de 50 pruebas de la Fiscalía, como un peritaje que descartó que los proyectiles que impactaron a Sotelo y Pintado provinieran de armas artesanales, como sostenía la Policía.

El jurista Carlos Rivera, abogado de los deudos, dijo que estos analizan la posibilidad de apelar a instancias jurídicas internacionales en busca de justicia.

La Comisión Permanente validó el informe por 22 votos a favor, seis en contra y una abstención, y en el primer grupo figuran los congresistas Waldemar Cerrón y Guido Bellido, del Partido Perú Libre (PPL), que esta semana rompió con el gobierno.

De otro lado, la misma comisión dio 15 días de plazo a la subcomisión de acusaciones constitucionales para que presente su informe sobre la denuncia constitucional contra la vicepresidenta de la República y ministra de Inclusión Social, Dina Boluarte.

Boluarte es acusada de violar la norma constitucional que, por ser ministra, le prohibe actividades para toda entidad oficial privada, al hacer gestiones por el modesto club Apurímac, su región natal.

La infracción se castiga con suspensión o inhabilitación, lo que dejaría fuera del cargo a Boluarte y la sucesión presidencial en manos de quien presida el Congreso, de concretarse la destitución del presidente Pedro Castillo que planean sus opositores.

El Parlamento es el poder del Estado con mayor desaprobación ciudadana, lo cual confirmó esta semana una encuesta de la empresa Ipsos, según la cual tiene un rechazo el 85 por ciento.

oda/mrs

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