Una intimación en tal sentido provino del juez Alejandro Recarey, en marco de un recurso de amparo formulado para suspender la aplicación de la fórmula farmacéutica en niños, que el Ministerio de Salud Pública autorizó recientemente.
El magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo convocó también al laboratorio estadounidense de producción de la fórmula, informó el portal digital Montevideo Noticias.
De acuerdo con la decisión de Recarey, el Poder Ejecutivo y la firma Pfizer deberán presentar información sobre los compuestos de las vacunas y detallar si las mismas contienen “óxido de grafeno” o “elementos nanotecnológicos”.
Asimismo, se solicitan datos que prueben la “inocuidad” de “la sustancia llamada ARN mensajero”, las cuales estén sustentados en estudios de la Agencia Adnistración de Alimentos y Medicamentos, de Estados Unidos.
A tenor de la resolución judicial, divulgada por el citado medio, el juez pidió además que las autoridades “expongan si se estudiaron terapias anticovid-19 alternativas” y ante la eventual respuesta negativa, recabó que se “aclare por qué no se exploraron esas salidas”.
Los contratos firmados entre el gobierno uruguayo y Pfizer también son objeto de escrutinio para comprobar si contienen cláusulas «de indemnidad civil o impunidad penal de los proveedores respecto de la ocurrencia de eventuales efectos adversos», entre otros detalles.
La decisión judicial exige además explicaciones sobre si se realizaron estudios «tendientes a explicar el notorio aumento de fallecimientos por covid-19 a partir de marzo de 2021 en relación al año anterior».
El decreto judicial fijó una audiencia para el próximo miércoles, en la que deben comparecer representantes de Presidencia, el Ministerio de Salud Pública y autoridades de la compañía estadounidense.
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