Así lo comunicaron a la defensora del Pueblo encargada, Eliana Revollar, con quien trataron la polémica decisión del Parlamento, de mayoría opositora, de archivar una acusación contra Merino por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, registradas en noviembre de 2020.
Precisaron que decidieron acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que está adscrito el Estado peruano, a fin de que sean juzgados el exgobernante y quienes fueron su primer ministro, Ántero Flores, y su titular del Interior, Gastón Rodríguez.
La Defensoría respaldó el afán de justicia de los deudos de Sotelo y Pintado y en un mensaje por Internet consideró necesario “evitar la impunidad de toda vulneración a derechos humanos”.
El jueves último, la Comisión Permanente del Parlamento ratificó la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de descartar el caso, basada en el informe de un legislador de derecha extrema que rechazó más de 50 evidencias presentadas por el Ministerio Público contra Merino.
El informe, además, suscribió la versión policial presentada tras las protestas, de que Sotelo y Pintado fueron abatidos por proyectiles de manifestantes que usaban armas artesanales, lo cual fue descartado por un peritaje.
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