El tema cobró actualidad ayer, al conocerse que la justicia del país europeo ordenó la ubicación y captura de Hinostroza.
El procurador Anticorrupción, Javier Pacheco, reveló que la orden fue dictada porque el personaje no cumplía desde el 2 de junio con acreditar la permanencia en la localidad de su residencia.
Sin embargo, expresó confianza en la eficiencia de las autoridades y la policía españolas, por lo que consideró que Hinostroza será extraditado a Perú en los próximos 15 días.
Por su parte, el jurista Carlos Caro mencionó la posibilidad de que Hinostroza haya vuelto a fugar a otro país, caso en el cual Perú tendría que iniciar otro proceso de extradición también prolongado.
Agregó que si el exmagistrado hubiera entrado clandestinamente a otro país europeo, podría ser enviado de vuelta a España por ingreso ilegal.
Hinostroza fue puesto en evidencia el 8 de julio de 2018, por una grabación obtenida por escucha telefónica, que lo mostraba como miembro estelar de una red de corrupción judicial vinculada a políticos, funcionarios, empresarios y hasta policías.
La red se dedicaba al intercambio de favores y colocaba a sus integrantes en posiciones claves para vender o intercambiar sentencias e impunidades por servicios y acceso a mayor poder.
Llegó a altos niveles del Poder Judicial, el Ministerio Público y hasta el Consejo Nacional de la Magistratura, organismo encargado de nombrar y supervisar a jueces y fiscales, que tuvo que ser disuelto y reemplazado por la Junta Nacional de Justicia.
Hinostroza salió del país a ecuador el 7 de octubre de 2018, tres días después que el Congreso de la República lo acusó formalmente por los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible y organización criminal.
De Ecuador siguió viaje a Paìses Bajos, Francia y España, donde pidió asilo alegando en falso ser perseguido político en Perú.
La justicia española, en cambio, dispuso, a pedido de Perú, la detención del exjuez mientras se realice el proceso de extradición, aunque seis meses después le dio libertad provisional en la creencia de que había disminuido el riesgo de escape.
El 23 de septiembre de 2019 se confirmó la extradición por los presuntos delitos de patrocinio ilegañ.tráfico de influencias y negociación incompatible. El exjuez pidió nuevamente asilo, lo que fue rechazado el 17 de junio pasado.
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